La falta de interés en la problemática de la informalidad llama la atención tanto desde un gobierno que dice ser del pueblo como de sus tribunas de apoyo en la izquierda política, que reclaman como propiedad exclusiva los intereses de las grandes mayorías. El foco de la actual administración en tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores en el sector formal de la economía vía reformas legales (elevar salario mínimo, limitar la terciarización y promover la sindicalización, por ejemplo) tiene un lado que ignora sistemáticamente: hace más onerosa la contratación formal y arriesga generar un club de trabajadores formales incluso más exclusivo que el actual. Nada de esto parece preocuparles al gobierno y su deprimida base de apoyo. El rasgo central de esta administración es que sus líneas de acción se orientan a atender los intereses de grupos pequeños (e incluso individuos) y el tema laboral no es excepción a este enfoque.
Una investigación reciente, sin embargo, muestra claramente que la precariedad en las condiciones de vida –asociada al nivel socioeconómico de los hogares más pobres– solo se acentúa a través de la inserción al mercado laboral informal. En efecto, existe un ‘continuum’ que va desde crecer en un hogar pobre, pasar por una educación deficiente e incorporarse al mercado laboral informal. Más aún, las primeras experiencias laborales predicen las condiciones laborales en el futuro: aquellos jóvenes que inician su vida laboral en condiciones precarias tendrán empleos de más baja calidad más tarde en su carrera. Es claro, entonces, que cualquier agenda laboral en favor de los más pobres debería tener como punto central el combate a la informalidad.
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Hasta antes de la pandemia, en medio de mucha heterogeneidad, los indicadores más agregados de los jóvenes en el mercado laboral eran positivos: sus tasas de participación y de empleo estaban entre las más altas de la región y eran particularmente superiores a las de los países de mayores ingresos –Brasil, Chile, Argentina, Uruguay–.
Las percepciones de bienestar de los propios jóvenes, sin embargo, reflejaban un panorama bastante más preocupante. La satisfacción de nuestros jóvenes con el ingreso familiar y con la vida en general nos ponía en la parte más baja de la distribución de países de la región. Detrás de estas percepciones, las condiciones de trabajo mostraban un cuadro problemático. Para comenzar, entre los jóvenes asalariados, el 71% trabajaba de manera informal (sin contrato), en comparación con 52% para el total de asalariados.
Las brechas entre trabajadores formales e informales son el principal factor detrás de la desigualdad laboral juvenil. Los jóvenes que trabajan en la informalidad ganan en promedio 40% menos que los que tienen un empleo formal. Puesto que los beneficios sociales están atados a la formalidad, los jóvenes en la informalidad no tienen acceso a protección social. Más aún, la incidencia de remuneraciones muy bajas es mucho mayor en el sector informal. La OECD (2019) estimó que la probabilidad de caer por debajo de un umbral de salarios bajo era seis veces más alta entre los jóvenes en el sector informal. En contraste, la probabilidad de obtener un mejor empleo era bastante más alta entre los jóvenes en el sector formal.
Más importante en términos de la carrera laboral es que, como mostramos en una investigación reciente, la probabilidad de que un asalariado informal reciba capacitación en la empresa es 20 puntos porcentuales inferior a la de uno formal, independientemente del tipo de contrato que tenga. Este es uno de los factores que están detrás de la observación de que las condiciones laborales de los primeros empleos predicen la calidad de los empleos futuros. Si bien la probabilidad de tener un empleo formal para un joven es mayor conforme incrementa su experiencia en el mercado laboral; esto es, es más probable que un joven entre los 25 y 29 años tenga un empleo formal que uno entre 21 y 25, aquellos que comenzaron con un mejor empleo van a tener mejores condiciones de trabajo. Después de los 30 años, entrar en la formalidad es cada vez más improbable.
La evidencia sugiere, entonces, que tiene sentido invertir en mejorar las primeras experiencias laborales de los jóvenes. Políticas orientadas a mejorar las posibilidades de que un joven tenga una primera experiencia laboral en un empleo formal temprano en su carrera tienen muchísimo sentido. Un gobierno para el pueblo debería considerar este tipo de políticas.
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