La Mirada: Tasa de informalidad es 20 puntos más alta de la que se debería tener

Mucho se discute acerca de las medidas laborales que el Gobierno quiere implementar. Por un lado, es importante defender los derechos de los trabajadores. Por otro, se debe incentivar la productividad de las empresas. Algunos ven esto como una dicotomía. No obstante, ambos deben coexistir, de lo contrario, no habría creación de empleo formal de calidad.

Lamentablemente, para el contexto peruano, varias de las medidas que pretenden buscar los derechos laborales generan el efecto contrario. En una reciente publicación que tenemos con Gustavo Yamada (Universidad del Pacífico) y Gonzalo Rivera (Universidad de Yale), mostramos cómo incluso las expectativas de un mayor costo al empleo formal deteriora su creación en el Perú.

La Ley de Protección del Empleo (LPE) es la parte del código de trabajo que rige todo lo relacionado con despidos, pagos, períodos, contratos y agencias de trabajo. En el Perú, una nueva Ley General del Trabajo fue propuesta por el Congreso en el 2001 y, en principio, pretendía proteger al trabajador contra despidos. Sin embargo, ha sido foco de discusión por los costos laborales que afectan las tasas de empleo y formalidad.

El trabajo que hicimos tuvo como objetivo identificar una asociación entre expectativas de la aprobación de una LPE más estricta y empleo formal e ingresos.

Los resultados asociados al empleo indican que las noticias tienen una correlación negativa significativa con el empleo formal y ninguna asociación con el empleo total, lo que evidencia la existencia de un efecto sustitución entre el empleo formal e informal.

Esto se debe a que, si bien las expectativas no afectan el agregado, en un mercado laboral más estricto los trabajadores formales migran al sector informal, precarizando aún más el empleo. En concreto, el empleo formal puede caer en los siguientes tres meses entre 1% y 10%, dependiendo del grupo en el que se encuentre el trabajador, y los más afectados son las mujeres menos educadas.

En cuanto a los ingresos laborales, los resultados sugieren una relación negativa con las expectativas debido al aumento en la oferta de trabajadores informales provocado por el efecto sustitución. En particular, para los más jóvenes se evidencia una relación negativa y más fuerte en períodos de menor crecimiento, ya que las expectativas de aprobación de una LPE más estricta reducirían más los empleos formales.

Estos hallazgos son particularmente importantes por tres motivos. El primero es que el Perú tiene una tasa de informalidad 20 puntos más alta de la que debería tener y una de las razones más fuertes son los altos costos a la contratación formal y, además, los altos costos de ajuste en el corto plazo del empleo como consecuencia de los ciclos económicos.

El objetivo de una nueva ley debería ser buscar flexibilidad en la contratación y no imponer rigidez o mayores costos a la contratación. En segundo lugar, las medidas que supuestamente buscan proteger al trabajador estarían generando en el Perú el efecto contrario, incrementando el empleo informal y precarizando los puestos de trabajo.

Por ello, para el caso peruano, la protección al trabajador debe estar desvinculada de su condición laboral, sabiendo que hoy en día hay una altísima tasa de informalidad y un alto número de trabajadores independientes. Por último, los efectos negativos no solo se aprecian una vez que se aprueban las leyes, sino también desde que se discuten y ante la inminencia de su aprobación, la incertidumbre paraliza las decisiones de inversión y contratación y, por lo tanto, destruyen empleo formal de calidad.

Por ello, es necesario que las políticas laborales se evalúen, no solo desde el punto de vista legal, sino también social y económico, no solo desde una perspectiva de hoy día, sino también cómo van a reaccionar los trabajadores y las empresas en los siguientes meses. Una evaluación que sea contextualizada.

Para tal fin, la disponibilidad de datos y la colaboración con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Sunat debe ser imprescindible para elaborar políticas con evidencia y no caer en el discurso que puede sonar, en teoría, bonito, pero que en la práctica genera efectos opuestos y perjudiciales para los trabajadores.