Evo Morales renunció el último domingo a la presidencia de Bolivia y dejó al país con un déficit fiscal equivalente al 8% de su Producto Bruto Interno (PBI), que implica que los gastos superan a los ingresos del gobierno, entre otros indicadores económicos desfavorables.
Según Juan de la Cruz, profesor de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la situación del país altiplánico responde, en mayor grado, al modelo económico que se estuvo ejecutando.
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Este se enfocó en impulsar el Estado empresario, que demandó una importante inversión pública, para así aprovechar el ‘boom’ de las materias primas (hidrocarburos, principalmente), en una época en la que sus precios eran altos (entre 2005-2014).
“A Bolivia le costó la fuerte dependencia a los commodities, que tuvieron un alto precio en años previos, pero que desde el 2015 empezaron a caer y deterioraron los ingresos del gobierno. Así también, la participación del Estado empresa se tradujo en una fuerte inversión pública, es decir, altos gastos fiscales”, explicó el economista.
Esta idea la respaldaron Gabriel Espinoza, analista de la Cámara de Comercio de Bolivia, y Germán Molina, miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas (ABCE), quienes coincideron, además, en que el Estado desplazó innecesariamente a los privados.
“Evo Morales quiso darle mayor protagonismo al Estado desplazando a los agentes privados. Pensaron que el ‘boom’ era permanente”, dijo Molina. “La inversión pública entró a sectores que pudieron trabajarlas privados”, agregó Espinoza en diálogo con El Comercio.
MILLONES DE BOLIVIANOS
La Bolivia de Evo registró un considerable gasto fiscal. Según información del Fondo Monetario Internacional (FMI) al 2018, el gasto público representó el 37,1% del PBI. Este porcentaje supera considerablemente al peruano, que se ubica en 20% del producto.
Según Molina, el país altiplánico carece de un límite fiscal definido. Por ello, recomienda la creación de una nueva política a fin de optimizar la ejecución de recursos y/o para fijar prioridades.
El miembro de la ABCE mencionó que el Estado creó innecesariamente diversas empresas públicas, que finalmente no terminaron generando los suficientes ingresos para cubrir los montos invertidos.
“Luego de invertir en varias empresas, se vio que no generaban los ingresos suficientes para cubrir los costos [para su operación]. Hemos seguido gastando [en Bolivia] como si los precios de los minerales [principalmente, hidrocarburos] siguieran altos. No se llegó a ajustar”, apuntó.
Así, para Espinoza, uno de los sectores donde podría registrarse ahorros sería el de transporte aéreo. En este rubro opera la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación, creada en el 2007 y conocida como BoA, que concentra el 90% del mercado nacional, además de ser el único operador habilitado para volar en el eje central La Paz-Cochabamba-Santa Cruz.
Según un informe del 2017 del Ministerio de Economía de Bolivia, BoA generó utilidades por 50,5 millones de bolivianos, cifra muy inferior a otras estatales, como la Empresa Nacional de Electricidad, por ejemplo, que alcanzó, en el mismo período, 1.205 millones de bolivianos.
El analista de la Cámara de Comercio de Bolivia también explicó que el gasto corriente se ha quintuplicado desde el 2006, año en el que fue electo Morales. Principalmente, este dinero se ha destinado para la propaganda del gobierno, según detalla.
Así también, refirió que el costo proveniente del proceso que implica el traslado de funcionarios ha aumentado en ocho veces en comparación a la que se registraba en el 2005.
De otro lado, Morales también impulsó durante su gestión un aumento sistemático del sueldo mínimo. Cuando ingresó al poder, en el 2006, este se ubicaba en 440 bolivianos y desde entonces fue elevándose anualmente. El último se dio en mayo pasado, cuando alcanzó los 2.122 bolivianos (US$297), lo que representó un aumento de 382% durante sus 14 años de mandato.
Sin embargo, estos incrementos en los salarios no estuvieron alineados a la inflación del país altiplánico. En el 2010, esta se encontraba en 7,18% y fue bajando -aunque registró una leve alza en el 2013- hasta fijarse en 1,51% al cierre del año pasado, según información del FMI. Para este año, el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB) fijaron un máximo de 4% de inflación.
Por otro lado, según De la Cruz, el aumento de la remuneración mínima tuvo un impacto limitado debido a la informalidad en el vecino país. Según un informe del FMI publicado el año pasado, Bolivia es considerada la economía informal más grande del mundo, considerando 158 naciones.
El Instituto Nacional de Estadística de dicho país registra que el 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) se desempeña fuera de la formalidad. En el Perú, el 73,3% de la PEA es informal, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
REESTRUCTURACIÓN
De la Cruz sostuvo que debió realizarse un ajuste -reduciendo los gastos del Estado- desde el momento en que los ingresos se vieron afectados, pese a ser un proceso complicado.
Por lo pronto, dijo que se debería incentivar la inversión privada, que apenas representa el 9% del PBI boliviano.
Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, respalda esta medida, considerando que actualmente no se tienen precios altos de hidrocarburos, cuya producción está a cargo del gobierno, para seguir apoyándose en la inversión pública.
“Tener bastante inversión pública se hace insostenible cuando se tienen problemas de ajuste fiscal como ahora. Es necesario atraer inversión privada. Liberalizar algunos sectores” detalló Macera.
En tanto, Molina sostiene que en caso de aplicar recortes de subsidios deberían realizarse de forma paulatina a fin de que no impacten considerablemente en la sociedad.
Por el lado del gasto corriente, añadió que deberían “hacerse esfuerzos” ahorrando en partidas que no afecten directamente a las personas. También contempla una mayor recaudación de impuestos. Molina dijo que el objetivo es tener un Estado de calidad y un mercado eficiente.
“Se está alargando un problema que es inevitable y se está empeorando [la situación] porque en algún momento [va a llegar a su límite] y se tendrá que corregir una deuda pública que ya está al 50% [del PBI]”, puntualizó Macera.
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