El representante legal de Gremco, José Gamarra, señaló que en cuanto asuman la presidencia de la junta de acreedores de Universitario de Deportes –lo que asegura que se concretaría a fines de este mes– propondrán ampliar los plazos del plan de reestructuración.
Dicho proyecto, aprobado en febrero del 2017, establece que en el próximo mes se debe cancelar la deuda concursal del club -que bordea los US$151 millones, según el plan- mediante la gestión de activos inmobiliarios: Campomar, estadio “Lolo Fernández” y el Monumental. De lo contrario, procederá la disolución y liquidación de la institución.
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“Hay que retomar el plan para evitar la venta de los predios. Lo cierto es que en febrero se van a modificar [los plazos], con el cambio de administración. Con expertos se sustentará cuánto tiempo se necesita”, dijo Gamarra a El Comercio.
En el plan se muestra como una de las opciones en caso de incumplimiento “aprobar modificaciones [...] que sean necesarias” o tomar cualquier medida “en tutela de los intereses de los acreedores”.
Para ello, se necesita el 66,6% de aprobación de la junta, según Gamarra, quien además asegura que la Sunat (con una participación de 34%) votará a favor de este pedido. Gremco, con la validación judicial de una parte de sus créditos, posee poco más del 50% de votos.
"Hay que recordar que, en primer lugar, se paga a los acreedores laborales. Nosotros somos los últimos en cobrar. [Por eso] el que está en la cola tiene que procurar generar el mayor valor. A mí no me conviene tirar abajo el valor del club", refirió.
Sin embargo, Raúl Leguía, actual secretario del club designado por la Sunat, descartó un cambio en la administración, dado que el proceso judicial aún no ha finalizado.
Como se recuerda, luego de que a mediados de diciembre una sala de la Corte Superior de Lima resolviera que Gremco vuelve a ser el acreedor principal de la ‘U’, la administración designada por la Sunat interpuso un recurso de casación.
"Incluso, hay otro acreedor principal que también ha interpuesto un recurso de casación. [El nuestro] está en trámite", detalló Leguía.
Por su lado, la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi indicó a este Diario que están evaluando la solicitud de Gremco para autorizarles a “publicar un aviso de convocatoria a junta de acreedores”, mediante la cual se procedería a designar una nueva administración con la constructora en la presidencia.
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN Y AVANCES
En el plan de reestructuración se contempla tres niveles (normativo, comercial y financiero) para la gestión de los activos inmobiliarios, que apunta a incrementar el valor de los predios. Respecto al primero, se establece sanear el “Lolo Fernández” e independizar las explanadas del estadio Monumental para poder comercializarlos.
Pero el mayor trabajo se fijó en Campomar: cambiar la zonificación, obtener la habilitación urbana y efectuar la independización del predio, cuya extensión es de 52 hectáreas.
Gamarra afirmó que las tareas normativas en los dos primeros predios ya se lograron. Respecto a Campomar, mencionó que en diciembre del 2018 se concretó el cambio de zonificación. La habilitación urbana estaba en trámite, pero aseguró que se interrumpió con el cambio de administración.
"Se abandonó el trámite de habilitación urbana que se supone iba a culminar ya hace algunos meses, en octubre, y (enseguida) se iniciaba la independización que demanda menos trámite", señaló.
Gamarra añadió que debido a que estos procesos aún están pendientes no se puede proceder con la etapa comercial. En esta, según el plan, se efectúa el “arrendamiento, usufructo, concesión, (...) o cualquier modelo de negocio que implica una operación comercial que genere ingresos para el club a partir de la explotación de los activos inmobiliarios, sin que el club pierda la propiedad sobre ellos”. Estos recursos serán destinados íntegramente para cancelar la deuda concursal.
Al respecto, Leguía refirió que la administración designada por Gremco “no hizo nada de lo que se comprometieron”. Por ello, vienen revisando la situación con algunas municipalidades.
“La idea de la administración es revisar esta situación. No se ha cumplido con ninguno de los tres niveles de gestión de los activos inmobiliarios. Hemos corroborado con la Municipalidad de Lima y la de Lurín y [la administración de Gremco] no ha hecho nada de lo debieron hacer. No les conviene poner el valor de venta”, refirió Leguía.
Pese a este escenario, Gamarra señala que no se produciría el incumplimiento del plan de reestructuración y, por ende, la liquidación de Universitario, dado que la convocatoria de una junta, en la que se propondrá aplazar los plazos, frena el proceso de reestructuración.
“Por su puesto (que alcanzaremos a presentar la documentación necesaria para solicitar y aprobar el aplazamiento del plan). Ni bien entremos (a la presidencia de la junta) solicitaremos que se convoque una reunión. Ese solo acto de convocar a la junta deja en stand by lo demás porque está pendiente lo que decida la junta”.
¿EN QUÉ ESCENARIO SE DARÁ UNA LIQUIDACIÓN?
De acuerdo con el plan, en caso se incumpla con el pago de cualquier suma en un plazo establecido (alrededor de US$150 millones en febrero), la Junta de Acreedores puede optar por otorgar al club un “plazo de subsanación de tal incumplimiento” no mayor a los 30 días siguientes de lo ocurrido.
Entre las opciones se encuentran, efectivamente, declarar todos los plazos vencidos y exigir el pago inmediato de los créditos, mediante el proceso de "disolución y liquidación empresarial".
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, también se contempla “aprobar modificaciones en el plan que sean necesarias”, “tomar cualquier otra medida en tutela de los interes de los acreedores”, así como también “decidir por el cambio de destino del club”.
Para el escenario de la liquidación, Gamarra explicó que en el plan se ha fijado que se ingrese a un proceso de venta mediante una subasta y no como un remate. "La ventaja para eso es que los predios ya están puestos en valor. Ya no podré traer un inversionista, pero sí puedo vender los predios [a un precio mayor]", detalló.
Sin embargo, reiteró que la opción del aplazamiento de los plazos se aprobaría en cuanto se someta a votación en la Junta de Acreedores, dado que solo falta "completar" la etapa normativa, que pone en valor los predios y, a la vez, es la más tediosa entre los tres niveles de gestión de activos inmobiliarios.
“Si yo quiero que me paguen mi deuda puedo darle un mayor plazo al deudor. Y si ampliamos el plazo ya nadie puede pedir [la liquidación] y acabamos los temas pendientes”, remarcó.
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