La tecnología siempre va más rápido que la regulación. Es así. Lo único que queda es tratar de acortar esa brecha en la medida que sea posible. Ejemplos hay varios, y esta semana hemos revivido uno de ellos: el de los repartidores por aplicativo de Rappi.
El modelo de la economía colaborativa, en la que se enmarcan las distintas plataformas digitales, es útil. Estas plataformas conectan necesidades con servicios y/o productos que pueden materializarse, incluso, en menos de 15 minutos. Pero aunque utilizadas, no están exentas de críticas relacionadas generalmente a tarifas y pagos. Al no obligar a los repartidores a trabajar un número de días determinado o en un horario definido, estas plataformas no tienen la obligación de otorgar un salario. Y por tanto, la retribución que reciben los repartidores es el pago que decide la plataforma.
Vale la pena pensar y repensar la naturaleza del vínculo que generan los repartidores e incluso los usuarios finales con las plataformas. En el caso de estos últimos, cuando hay algún problema con el servicio, ¿la queja se tramita con el repartidor o con la plataforma? En el caso de los repartidores, es innegable que se trata de un servicio no tradicional que responde a las necesidades actuales. La pregunta es: ¿este asunto solo gira en torno a mejorar los pagos o se trata de valorar adecuadamente la naturaleza de la relación? La disyuntiva trasciende al mercado local y ya tiene avances significativos en otros países. En algunos europeos, por ejemplo, los reclamos de los repartidores terminaron por crear una nueva figura laboral, la del trabajador independiente, un punto medio entre un trabajador y un locador de servicios.
Ahora, no se trata de copiar y pegar. Hay que mirar nuestra realidad antes de implementar o siquiera proponer una alternativa como esa dada nuestra alta informalidad. Lo importante es comenzar a avanzar en este frente. De hecho, el MTPE podría emitir opinión al respecto. Una opción que se encuentra en la palestra es la regulación de los beneficios sociales de los repartidores. Aunque algunas de las plataformas ya ofrecen algunos de estos beneficios sociales, suma y no resta que estas sean discutidas en foros regulatorios.
Los reclamos continuarán si no se toman decisiones, pero estos no deberían explicarse por una errática gestión en búsqueda de eficiencias o una mala comunicación, pues esto termina afectando al modelo, que es funcional para un segmento específico de la población. Se pueden hacer las cosas bien.