La concertación entre empresas competidoras, por ejemplo para subir los precios o presentar ofertas similares en una licitación pública, le genera un daño enorme a la economía en general y a los consumidores en particular. Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
El incremento de precios resultante de una práctica de concertación entre empresarios, que de otro forma serían competidores, le pega directamente al bolsillo de los consumidores. Por eso, la concertación es una práctica empresarial penada en casi todo el mundo con multas enormes que tratan de recuperar todo el daño y el beneficio ilícito generado.
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Incluso, en muchos países, las penas no se agotan en las millonarias multas, sino que incluyen la pena de cárcel para los ejecutivos involucrados. Hace poco, por ejemplo, en Estados Unidos se extraditó por primera vez a un ejecutivo europeo que había participado en una concertación internacional con efectos en dicho país. En el Perú, hasta el 2008, la legislación de libre competencia permitía la posibilidad de denunciar penalmente a los involucrados en concertaciones de mercado.
Pero existe una práctica aun más nociva que la concertación de precios. Esta ocurre cuando se combina la concertación entre empresas privadas con la corrupción de funcionarios y entidades públicas. En este caso, el sobreprecio que pagan los consumidores es doble: sube el precio por la concertación y vuelve a subir para pagar la corrupción.
El caso de Petrobras (empresa estatal) y las empresas constructoras brasileñas es un ejemplo de libro de texto de la “concertación-corrupción”. Las empresas brasileras se coludían aparentemente para turnarse los proyectos que licitaba la gigante estatal y en el camino repartían coimas a todo nivel.
Debido a que tanto las empresas privadas como los funcionarios públicos estaban involucrados en el esquema, nadie tenía un incentivo por delatar y más bien todos tenían un interés en protegerse. La “concertación-corrupción” se convierte así en el crimen (casi) perfecto. Afortunadamente, como lo demuestra el caso brasilero, el crimen por más perfecto que parezca, no paga (si no pregúntenle a los presidentes de las constructoras brasileras hoy presos).