Los casos recientes de fraudes financieros en Kronos Capital y Óptima Inversiones ponen al descubierto las deficiencias de los estándares en un segmento de la industria de fondos privados y su respectiva asesoría financiera.
Esta industria ha ido creciendo de una manera vertiginosa en los últimos años y, a diferencia de su contraparte pública (fondos públicos), no es supervisada ni monitoreada por la SMV. La falta de supervisión, aunada a un bajo escrutinio de los inversionistas, impulsa la opacidad en su rendición de cuentas.
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Ello, a su vez, es potencial forjador de esquemas piramidales, sustentadas en fraudes, en los cuales los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido.
¿Cuáles son algunas de las lecciones a partir de la experiencia reciente de esquemas piramidales en el mercado peruano?
Una primera arista consiste en la necesidad de una regulación mínima por parte de la SMV, considerando que parte de los inversionistas pertenecen al sector retail (parte de los estafados eran personas de patrimonios medios). Dicha regulación debe incluir criterios de idoneidad, descripción periódica de la naturaleza de los vehículos de inversión y de la gestora y la formación de una junta de inversionistas que vele por los intereses de los patrimonios.
Para ello, la SMV debería impulsar una reforma legislativa que le brinde ciertas facultades para monitorear el espectro privado.
Un segundo punto se basa en la urgencia de erigir estándares mínimos en la información de las inversiones y su desempeño. Dicha información debe incluir métricas de rentabilidad y de riesgos por distintos períodos, benchmarks sobre los cuales comparar el desempeño de las inversiones y hechos de importancia que describan oportunamente cualquier tema material que haya acontecido.
Asimismo, un aspecto crucial es indagar acerca de la objetividad de la fuente de precios sobre la cual se valorizan las inversiones y, por ende, se construyen las rentabilidades. Al respecto, el CFA Institute provee de un marco interesante a evaluar basado en estándares de reporting de desempeño (GIPS).
Un tercer factor se centra en la necesidad de mejorar la educación financiera de los inversionistas. En particular, alternativas de inversión que ofrecen rentabilidades por encima del mercado deben estar sujetas a un mayor escrutinio por parte de los inversionistas.
Más aun, el nivel de riesgo de las inversiones debe ser examinado con detalle, de tal manera que se entiendan los escenarios menos favorables que podrían hacer que el capital invertido no sea recuperado. Si el riesgo es moderado o alto, claramente se debe evitar invertir los recursos de los cuales uno depende para seguir viviendo.
Un cuarto vértice apunta a una mayor profesionalización de la asesoría financiera y la fuerza de ventas de los fondos privados. Dicha asesoría debe tener como mínimo el mismo estándar que la asesoría de fondos públicos en materia de conocimientos y credenciales.
Un tema aparte consiste en la confidencialidad de información de clientes que debe guardar la fuerza de ventas, la cual en la experiencia reciente ha sido vulnerada. Así, incluso en los fondos públicos, es común que la fuerza de ventas revele los nombres de algunos partícipes del fondo como herramienta de marketing.
En suma, es necesaria una mínima regulación y supervisión para este tipo de fondos y, a su vez, promover una mayor educación financiera de los partícipes. En el camino a lograr ello, es importante la auto-regulación de esta industria, de manera de que no todos los vehículos de inversión privados “caigan en el mismo saco” y el inversionista pueda percibir dichas diferencias.