Hace unas semanas se ha hecho público el resultado de una encuesta en la que se buscaba indagar por la performance de las entidades públicas a cargo de perseguir y sancionar carteles (como el del Club de la Construcción o el papel higiénico); revisar y aprobar operaciones de concentración empresarial (como la adquisición de Luz del Sur por China Yangtze Power International); y en general velar por la eliminación de restricciones a la competencia en los mercados.
Se trataba de aproximarse al estado de las instituciones establecidas para la defensa de la competencia a través de la percepción de quienes son usuarios frecuentes de las entidades a cargo. Los aspectos evaluados fueron diversos. Desde la independencia de la entidad e influencia de objetivos diferentes a la competencia en sus decisiones, hasta la celeridad de sus actuaciones y profesionalismo de sus funcionarios.
La atención estuvo puesta en Chile, Colombia, Perú y Ecuador, economías que por distintas razones están muy vinculadas.
En el Perú, la entidad evaluada fue Indecopi quien ya tiene más de 30 años en estas tareas. La encuesta fue aplicada por Deloitte por encargo del Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.
Como toda encuesta de este tipo, sólo nos entrega una foto de las percepciones -siempre subjetivas- de las personas en un momento determinado. Incluso con esos límites, sirve para medir la “temperatura”. En este caso sirve además para mirarse en el contexto regional.
Los resultados son muy positivos para el Perú. Resulta destacable la calificación recibida por Indecopi respecto al grado de independencia en su actuación; recibe un puntaje sólo superado por Chile. A nivel de desempeño, la actividad de la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia ha obtenido las mejores calificaciones en sus distintas áreas de trabajo. En términos del grado de disuasión general que produce la actual institucionalidad de competencia, Perú registra un resultado superior al de Colombia y Ecuador, siendo ligeramente inferior al que registra Chile. El grado de efectividad para detectar existencia de carteles y de disuasión generado por las sanciones impuestas, es el más alto de todos.
Si bien existen algunas debilidades que atender (fortalecer mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo) la calificación es muy positiva para Perú e Indecopi.
En ese contexto, es difícil entender las razones por las que recientemente se ha pedido que un número importante de funcionarios de Indecopi -algunos del área evaluada por la encuesta- pongan sus cargos a disposición. El arribo de un nuevo Presidente a Indecopi no debiera significar un desmantelamiento de áreas funcionales y menos si no existe un cuestionamiento a su desempeño. Crear instituciones toma muchos años y esfuerzo; destrozarlas no tanto. Sea o no un malentendido, el incidente revela que se requiere construir barreras contra este tipo de huaicos.