Tan amplio como el potencial y las oportunidades del país es el conjunto de tareas urgentes que deberá enfrentar el próximo gobierno. Una realidad que no solo supone, para los candidatos, el reto de presentar adecuadamente sus propuestas y demostrar cuán conscientes están de todo con lo que tendrán que lidiar, sino que también interpela a los votantes, que deberemos procurar elegir autoridades capaces de ofrecer soluciones a temas clave como la seguridad ciudadana, la brecha de infraestructura, la situación de la salud y el fortalecimiento de la institucionalidad.
Pero entre las materias a las que debemos estar atentos está una que –en el fragor de la campaña y por la visibilidad diaria que tienen otras– corre el riesgo de no tener el lugar central que merece en la discusión: la educación.
De hecho, es muy típico que los problemas del sector se revisen por un periodo corto a comienzos de año, cuando comienzan las clases y, una vez más, nos damos cuenta de que nuestros estudiantes básicamente aprenden entre escombros. Y no es una exageración: De acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía, publicado en este Diario, 48% de los locales educativos públicos requiere ser demolido en su totalidad por representar un grave riesgo de colapso, circunstancia que afecta a uno de cada cinco de los matriculados en instituciones públicas.
Y la desatención a la educación en nuestro país se hace más evidente cuando vemos los detalles y nos topamos con que no solo no hemos avanzado, sino que en muchos casos hemos retrocedido. Según el mismo informe, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, aprobado en el 2017, tuvo como meta reducir en cerca del 60% la brecha en infraestructura educativa al 2025, pero, lejos de cerrarse, esa brecha se amplió. Al 2025, su cierre demandaba S/ 172.000 millones, 25% más de lo estimado inicialmente en términos reales. En términos de servicios básicos (electricidad, agua y desagüe), además, las escuelas en zonas rurales pasaron de estar cubiertas en un 26% en el 2015 a un 22% en el 2025. En el mismo periodo, la situación en las escuelas urbanas mejoró en cinco puntos porcentuales, cerrando el año pasado en 81%.
Con esto en mente, la responsabilidad del próximo gobierno y del nuevo Parlamento y el Senado con el sector no puede pasarse por alto. Que la educación, por su naturaleza, sea una inversión que rinde frutos en el mediano y largo plazo no puede ser razón para que no se busquen mejoras concretas en el presente. Empezando con la infraestructura, pero pasando también por la preparación y meritocracia en la carrera docente y por la reducción de la pobreza (algo que depende de fortalecer el crecimiento económico), que muchas veces fuerza a los jóvenes a trabajar en lugar de estudiar.
El sector privado también tiene un rol clave que cumplir en esta situación. A través de mecanismos como Obras por Impuestos o de alianzas público-privadas en educación técnica y digital, puede contribuir a cerrar brechas y a acercar a los estudiantes a las competencias que hoy demanda el mercado laboral. Para que esto funcione, sin embargo, se necesita un próximo gobierno que, además de poner la casa en orden, tenga la capacidad y la voluntad de trabajar de manera coordinada con el sector privado.
El interés por el éxito de medidas que mejoren la educación en el Perú es de todos: no solo porque da herramientas a las personas para ser más productivas y mejorar su calidad de vida, sino porque fortalece la capacidad del país para innovar, competir y sostener su crecimiento en el tiempo. El 2026 ofrece una oportunidad clara para asumir ese reto: por el contexto electoral y por la publicación de los resultados de la próxima prueba Pisa, un punto de referencia clave para medir dónde estamos parados.