El control a las tasas de interés promulgado por el Congreso no es más que un error en contra de los segmentos más vulnerables, una intromisión a la autonomía de nuestro ente emisor, y una señal que continuará socavando los fundamentos de nuestra actividad financiera. Esto no quita que nuestro sistema requiera de cuotas adicionales de mayor competencia, más transparencia y mejora en la calidad de atención al público.
El aún insuficiente progreso que hubo en materia de reducción del costo del crédito es justamente una de las principales causas que explica la reacción desmedida y el aprovechamiento político de nuestro Congreso. Al parecer, este error o ineficiencia bancaria ha llevado a este nuevo y tremendo error. Un error que genera otro.
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Hoy en día, parecería que en nuestro sistema bancario sí existe espacio para un reacomodo a la baja en el costo del crédito medio. Las tasas de interés para los créditos de consumo menores a S/10.000 muestran una dispersión que va del 27% anual en una entidad financiera hasta más de 200% en otra. Esta tremenda diferencia no solo se explica por la especialización de una entidad o por el perfil diferenciado de riesgo de los clientes. Seamos sinceros, parte de ello también refleja que la competencia y transparencia no necesariamente están funcionando de manera extensiva.
Lamentablemente, con los topes a las tasas promulgados, el daño ya está hecho. Nos quedan únicamente dos acciones por tomar. De un lado, aplicar la ley de manera tal que logremos minimizar su impacto negativo sobre los usuarios y las microfinancieras; de otro, desarrollar un plan de fomento a la competencia, mejora en la calidad de servicios y reducción del costo del crédito en condiciones de mercado que sí logre la presencia de costos de crédito más competitivos que los vigentes.
En el corto plazo, lo recomendable sería establecer el techo de tasas máximas lo más holgado posible. Este techo debe tomar en cuenta la fuerte dispersión de costos establecidos por las microfinancieras, descontando los elementos asociados a ineficiencias en el proceso de intermediación. Todo esto permitiría discriminar lo menos posible a los usuarios más vulnerables y, a su vez, minimizaría su impacto negativo sobre los estados financieros de las entidades financieras de menor escala y mayor especialización. Con esto, el daño se minimiza.
En el mediano plazo, la solución al problema, sin necesidad de topes, pasa por disponer de liderazgo, orden y disciplina al interior del sistema bancario. A través de la ejecución de un plan de fomento a la competencia, podríamos aplicar acciones tan concretas como, por ejemplo, el fomento a la entrada de entidades de primer nivel del frente internacional, la difusión sincera y extensiva del costo y cuotas de crédito por todo concepto para cada entidad y producto, la posibilidad de perfeccionar los mecanismos de subasta de los depósitos del sector público de manera que también sirvan para encausar reducciones adicionales al costo del crédito, entre otras.
Al final, con el transcurrir del tiempo, llegaríamos a reemplazar lo arbitrario del control de tasas por la sostenibilidad de la ejecutoria de un plan que sí permitiría reducir el costo del crédito sin generar distorsión alguna en el mercado. El error de no trabajar y priorizar escenarios más competitivos, ha llevado a una tremenda falta en nuestro Congreso. Una más.
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