Alrededor de 1,7 millones de familias peruanas sin poder acceder a una vivienda digna: en busca de soluciones

Casi 1,7 millones de familias peruanas no tienen una vivienda o cuentan con una en malas condiciones, lo que se conoce como déficit cuantitativo y cualitativo, respectivamente. Lamentablemente, durante los últimos cinco años, la situación no ha mejorado ya que se han sumado al déficit alrededor de 100 mil familias.

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En el corto plazo es posible lograr resultados significativos en la reducción del déficit cuantitativo, que asciende a medio de millón de familias. Para esto, el Gobierno cuenta con dos programas: el crédito MiVivienda y Techo Propio Adquisición de Vivienda Nueva. Ampliar el alcance de estos programas ayudaría a frenar la construcción de viviendas de mala calidad y, además, contribuiría al ordenamiento urbano.

Sin embargo, no existe una política clara de vivienda social. Actualmente, el Gobierno no tiene una meta de reducción del déficit cuantitativo de vivienda. De hecho, las metas vigentes del Ejecutivo, delimitadas en diciembre del 2021, implican que el número de familias sin una vivienda aumente ligeramente hacia el 2026. Esto refleja la baja prioridad que se le da a la vivienda en el Perú. En tanto, en otros países de la región se vienen estableciendo metas ambiciosas para reducir el déficit habitacional. Chile es uno de estos casos. Y es que, la meta que ha planteado el gobierno del país del sur es reducir su déficit actual (643 534 viviendas) en 40% al 2025.

Dado el contexto, se proponen cuatro medidas básicas que tendrían impacto en el corto plazo, y cuya implementación depende solo del Gobierno central. En primer lugar, incrementar el presupuesto para bonos del 2023. Segundo, se debe establecer una meta ambiciosa de reducción del déficit cuantitativo. Tercero, clave asegurar cada año los recursos para cumplir con la meta establecida. Cuarto, se debe mantener de manera permanente el valor de los bonos aprobado durante la pandemia.

Esta es solo una primera etapa en el objetivo de mejorar el acceso a vivienda formal a nivel nacional. En una siguiente fase se necesitan plantear políticas enfocadas en las familias de zonas rurales y pobres urbanos con escasa capacidad de ahorro y sin acceso a crédito; impulsar programas que incrementen la inclusión financiera; aumentar las fuentes de financiamiento de proyectos de vivienda, como por ejemplo a través de canon; entre otras.

SOLUCIONES:

1. En el corto plazo, incrementar el presupuesto de bonos del 2023:

Los recursos para bonos de este año ascienden a alrededor de S/700 millones. Para empezar a reducir el déficit cuantitativo, se necesitarían recursos adicionales de por lo menos S/420 millones. Una de las formas para lograr sería a través de una reasignación eficiente del presupuesto del MVCS, tomando en cuenta que se suelen programar proyectos que no se ejecutan.

2. Definir una meta ambiciosa al 2026:

Reducir el déficit de vivienda en 40% hacia el 2026. Es decir, si partimos de un déficit de 520 mil viviendas en 2022, deberíamos reducir el déficit a 310 mil en 2026.

3. Asegurar los recursos para cumplir la meta:

Incrementar progresivamente los recursos de los bonos del buen pagador del Crédito MiVivienda y bonos Techo Propio para adquisición de vivienda nueva. Para cumplir la meta al 2026, se requeriría en promedio un presupuesto anual de S/1.680 millones. Considerando que, en los últimos cinco años, los ministerios no han ejecutado alrededor de S/4 400 millones por año de inversión pública, el Gobierno está en la capacidad de financiar este presupuesto.

4. Mantener lo que funciona:

Durante la pandemia, el valor de los bonos de vivienda social se incrementó temporalmente en todos los segmentos de precios (entre 10% a 40%). Estos valores deberían ser permanentes; sin embargo, el Gobierno los ha mantenido solo hasta diciembre de este año. Esta medida contribuye a reducir la cuota hipotecaria mensual (o el aporte con ahorros).