El primer día de CADE Ejecutivos presentó la sesión “Enfrentando los retos sociales y la reactivación económica”. Durante la presentación Liliana Rojas-Suárez, directora de la iniciativa latinoamericana del Center for Global Development de Washington DC, indicó que el Perú depende, con menos intensidad que otros países de Latinoamérica, de los precios de los commodities, especialmente del cobre. Esto ha hecho que en el 2019, cuando se acabó el boom de los metales, el crecimiento sea mediocre respecto a otros años.
Ante ello, Rojas-Suárez señaló que se debe pensar un nuevo comienzo tras la pandemia. Esto implica, a decir de la especialista, que el Perú realice reformas fiscales difíciles que le permitan “no estar continuamente al vaivén de las fluctuaciones en los mercados internacionales”.
En esa línea, mencionó que es una tarea difícil aumentar la presión tributaria en un país con tanta informalidad como la que tiene el Perú. “Se debe llegar a un consenso de que tener una presión tributaria de solamente 15% es simplemente inaceptable. Muy por debajo de los ratios de 20% o 25% de países emergentes con niveles de desarrollo similares a los del Perú”, agregó.
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Por el lado del gasto, Rojas-Suárez indicó que independientemente de lo que dure la pandemia, se sabe que todos los compromisos que el Perú está asumiendo en la actual coyuntura van a terminar.
“No es un shock permanente. El gasto público de apoyo por este problema va a disminuir. Pero en el Perú el tema del gasto público no es por exceso de gasto. De hecho se sabe que el Perú está muy por debajo de lo que se requiere en gasto público para algunos sectores importantes, como infraestructura, salud, educación”, advirtió.
Para Rojas-Suárez, son dos los problemas en el gasto. El primero es la asignación del gasto que tiene un mayor sesgo al gasto corriente que al gasto de inversión, y dos, la ejecución del gasto.
“Algunos de los gastos no se realizan porque no hay confianza en que efectivamente se van producir las inversiones en la forma más adecuada”, detalló Rojas.
IMPACTO DEL COVID-19
De otro lado, en la sesión se mencionó que tras la llegada del coronavirus, se estima que ya la mitad de los niños peruanos padece de anemia; que hay más de 700.000 peruanos desempleados; y que dos millones de pobladores padecen hambre a causa de la pandemia. Así como que la pobreza subiría en 10 puntos porcentuales; es decir, de 20% a 30%.
Al respecto, Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señaló es urgente atender no solo a la población debajo de la línea de pobreza, sino también a aquellos en una posición tan vulnerable que pueden caer en ella a causa de las consecuencias económicas de la pandemia. Para lograrlo, recomendó la implementación y ampliación de programas sociales.
“Sin embargo, debemos asegurar criterios de focalización. Nos encanta pensar que vamos a generar un programa que va a ayudar a todos en el Perú y les permitirá generar oportunidades económicas, y eso no es cierto. Necesitamos muchos programas, cada uno adaptado a distintos tipos de personas con necesidades y oportunidades distintas”, afirmó.
La especialista recordó que estos programas no tienen como objetivo resolver la pobreza de las personas, sino protegerlas mientras se encuentran en esta situación. La meta de los programas, añadió, es evitar que pasen hambre o abandonen su educación mientras intentan mejorar sus fuentes de ingreso y crecen en su desarrollo personal.
“Las familias en pobreza necesitan reengancharse en el sistema económico: que consigan empleo, que creen un nuevo negocio o potencien su empleabilidad. La capacitación y servicios financieros corresponden al sector privado. Si no les facilitamos más capital de trabajo no se van a poder reenganchar al sistema económico laboral”, advirtió.