Oscar Vidal, abogado de la empresa azucarera Agrícola Chicama conversó con El Comercio y precisó la posición de la firma en el juicio que inició al Proyecto Especial Chavimochic (PECH) y el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) en 2014. Follow @EconomiaECpe
La empresa alega que es dueña del predio “Mocán y Anexos”, de aproximandamente 16 mil hectáreas, por donde debe construirse alrededor de 35 kilómetros de los 129 del canal que irrigará la tarcera etapa del proyecto de irrigación.
Estas tierras están involucradas en la controversia que enfrenta asimismo al Estado y al Consorcio Chavimochic SAC, integrado por Odebrecht y Graña y Montero, a cargo de la construcción de las obras de la tercera etapa. En efecto, el consorcio reclamó en varias ocasiones que el Estado no liberó las tierras de la concesión.
A principio de febrero pasado, el Gobierno Regional de La Libertad (concedente del contrato de Chavimochic) anunció que rescindirá el contrato al consorcio, porque este no cumplió con el cierre financiero del proyecto, como también por su frágil situación legal, tras la confesión de Odebrecht de haber pagado millonarios sobornos a funcionarios en Perú para acceder a obra pública.
Ayer el consorcio anunció que solicitará un arbitraje internacional tras la decisión. Vale destacar que la anulación.
¿POR QUÉ NO INICIARON EL JUICIO ANTES?
La azucarera inició el juicio al Estado en 2014, el mismo año que la tercera etapa del proyecto fue concesionado. Consultado al respecto, Vidal sostuvo que la azucarera intenta regularizar la situación de los predios data de antes de ese año. “Sacar el tracto sucesivo de los predios es complejo”, dijo y precisó que decidieron iniciar el juicio cuando actualizaron los planos [de los predios].
“Fue la culminación de un trabajo iniciado con mucha anterioridad”, dijo y alegó: “No es que se haya hecho por eso”.