CHA-VI-MO-CHIC es el acrónimo de los valles liberteños costeros de Chao, Virú, Moche y Chicama, tierras ganadas al desierto gracias a la ejecución del primer gran proyecto de irrigación implementado en Perú. Follow @EconomiaECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
De los cuatro valles, hoy las obras del proyecto permiten irrigar tres valles. La primera etapa irriga Chao y la segunda Virú y Moche. La tercera, cuyas obras están a cargo del Consorcio Chavimochic SAC – integrado por las empresas Odebrecht y Graña y Montero –está en suspenso.
La tercera etapa de la irrigación se concesionó en 2014 y las obras (una presa y un canal de 129 kilómetros) debían entregarse en 2018. Pero están paralizadas desde diciembre pasado. ¿Por qué?
CONTRATO CASI ANULADO
El Gobierno Regional de La Libertad sostiene que el consorcio no posee solvencia financiera, que el avance hecho en la presa se realizó con dinero estatal. La semana pasada anunció que daría por finalizado el contrato porque el consorcio no presentó el cierre financiero del contrato, pero requiere el aval técnico favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para efectivizar la decisión.
En tanto, el consorcio alega que el Estado no le entregó las tierras para las obras. En efecto, unas 16 mil hectáreas de la tercera etapa enfrentan problemas de doble y triple titulación, según explicó a este Diario Agrícola Chicama, que inició acciones legales contra el Estado por esta controversia.
El Proyecto Especial Chavimochic –supervisor de la primera y segunda etapa – asegura que la controversia se resolverá en unas tres semanas.
¿HACIA EL ARBITRAJE?
Hoy el Consorcio Chavimochic SAC comunicó que solicitará un arbitraje internacional en caso se rescinda el contrato de la tercera etapa.
El comunicado de la empresa es presentado a la opinión pública en una semana decisiva en la que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de La Libertad evalúan una salida legal para el proyecto, tras las decisión de rescindirlo.