El año del Bicentenario de la Independencia del Perú nos encuentra con algunos avances en lo que se refiere a la competitividad y el desempeño ambiental. Por un lado, el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial ubicó al Perú en el puesto 65 de un total de 141 países en el año 2019. Su fortaleza fue la estabilidad macroeconómica y sus debilidades fueron la la capacidad de innovación, la adopción de tecnología y la calidad de las instituciones.
De otro lado, en el Índice de Desempeño Ambiental del Centro de Legislación y Política Ambiental de la Yale University, el Perú ocupó la posición 64 de 181 países, teniendo los mejores resultados en la protección de la biodiversidad, a través de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, muchos ven la competitividad y el desempeño ambiental como dos objetivos contrapuestos, cuando en realidad, lo que se requiere es tender puentes para lograr la competitividad, pero con sostenibilidad ambiental.
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En cuanto a la competitividad, el Perú aprobó en el 2019 la Política Nacional de Competitividad y Productividad, así como el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, y el Plan Nacional de Infraestructura. Estos instrumentos buscan priorizar y articular las inversiones para potenciar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo en el país, desde una perspectiva sectorial y territorial. Sin embargo, para que dichos instrumentos contribuyan a la búsqueda del desarrollo sostenible requiere que las políticas de competitividad incorporen el enfoque ambiental de manera transversal, buscando un adecuado balance entre crecimiento y bienestar.
Se debe romper la percepción de que la regulación ambiental y el crecimiento económico están contrapuestos. Proponer que primero se debe buscar el crecimiento económico y luego preocuparse por el ambiente olvida que esa secuencia traerá costos mayores para la sociedad, porque los impactos negativos ya serán evidentes.
La integración de las políticas ambientales con las políticas de crecimiento económico se desarrolla en el documento de política “Competitividad y sostenibilidad ambiental”, elaborado como parte del proyecto Agenda Bicentenario del CIUP. Por ejemplo, se debe buscar que la política ambiental busque la reducción de la contaminación ambiental o la protección de los ecosistemas al menor costo social posible.
Adicionalmente, se debe considerar que la implementación de las políticas ambientales es, en gran medida, una acción transversal y de competencia de todos los sectores, con lineamientos consensuados a través de la labor de la autoridad ambiental. Es importante que el sector ambiente muestre los beneficios y difunda las experiencias de éxito para hacer evidente que el crecimiento se puede lograr sin deteriorar el ambiente y, más aún, que es una oportunidad para el desarrollo económico del país, con impactos positivos de largo plazo.
Ello implica que el diseño de políticas ambientales debe ser flexible y orientado a objetivos claros, lo que no significa desregulación o legislación más débil. Políticas y regulaciones transversales y flexibles promueven innovación, eficiencia, eficacia, para adaptarse a las distintas características de nuestro territorio y a nuestra diversidad cultural, que son los desafíos de los próximos años.
El nuevo escenario mundial nos da a los peruanos la oportunidad para que el vínculo sostenibilidad ambiental-competitividad sea reconocido y desarrollado como una cuestión de prioridad política y oportunidad empresarial.
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