La Contraloría General identificó contrataciones irregulares y presunta responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo (DPAI), que pertenece al Gobierno Regional de Moquegua.
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Según la entidad, la administración del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo contrató a dos parientes de primer grado de afinidad y consanguinidad del funcionario a cargo de logística en dicha la entidad. Además, se habría utilizado documentos falsos para beneficiar a sus familiares quienes se encontraban impedidas de contratar con el Estado.
El Informe de Control Específico N° 011-2022—CG/SADEN-SCE evidenció que durante la primera ola de la pandemia del COVID-19, en los meses de abril y mayo de 2020, la entidad contrató en tres oportunidades a dos proveedoras para el servicio de desinfección y fumigación de las instalaciones del DPAI, por un monto total de S/ 12.780.
La Comisión Auditora evidenció mediante consulta RUC, Ficha RENIEC y acta de nacimiento, que quienes prestaron el servicio de desinfección, tenían vínculo de consanguinidad (hija) y afinidad (cónyuge) con el operador logístico encargado de las contrataciones del Desembarcadero.
Asimismo, se revisó los expedientes de contratación y las proformas de otros proveedores que supuestamente participaron en el proceso.
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Todos los proveedores tenían sumas más altas que las proformas que finalmente fueron aceptadas. Los representantes de dichas empresas, negaron haber sido invitados a cotizar para el servicio de desinfección y señalaron que las firmas y sellos de dichos documentos, no les corresponden ya que habrían sido falsificados.
Por estos hechos, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en el operador logístico, pues empleó propuestas técnicas y económicas con elementos de falsedad, para favorecer a dos proveedoras con quienes tiene vínculo de consanguinidad y afinidad. También se halló presunta responsabilidad administrativa en el Administrador del DPAI.
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