A pocos días de la celebración del Día del orgullo gay, Aptitus realizó un análisis de la situación de los derechos de la población LGTBI en el Perú en el ámbito laboral, ¿cuáles fueron los resultados?
Actualmente, a nivel mundial, las personas LGTBI gozan de los mismos derechos que los heterosexuales bajo el amparo de normativas internacionales. Sin embargo, en Latinoamérica, existen países como Perú en los que aún no existe un pleno ejercicio y respeto de dichos derechos, especialmente, en temas laborales.
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Así lo señala Alejandra Fonseca, gerente de Aptitus, quien afirma también que la jurisprudencia peruana no cuenta con dictámenes específicos que protejan a la población LGTBI de la discriminación laboral, lo cual los expone a posibles maltratos.
“El temor a ser víctimas de ello suele inducir a trabajadores LGTBI a mantener en secreto su orientación sexual y evitar hablar de su vida privada. Esta situación puede provocar una angustia considerable y, por consiguiente, mermar la productividad y, en muchos casos, generar el despido del trabajador”, apunta.
A diferencia de Perú, otros países latinoamericanos vienen desarrollando acciones e iniciativas que permiten un pleno ejercicio del derecho al trabajo para los LGTBI a través de un enfoque inclusivo basado en el respeto y la aceptación, según Fonseca.
Por ejemplo, en Uruguay se designó en 2017 a su primera senadora transgénero y, en el mismo año, Argentina designó la primera jefa de policía transexual.
En Chile se han trabajado legislaciones para evitar la discriminación laboral por orientación sexual. Cabe recordar que en el 2016, el gobierno chileno promulgó la Ley 20940 que moderniza el sistema de relaciones laborales del país, con lo que se incluyó como categorías protegidas de la discriminación a la orientación sexual y la identidad de género.
“Al analizar estos ejemplos en países vecinos, es evidente que el factor de cambio para mejorar la situación de los derechos laborales de los LGTBI en el Perú es el Estado”, indica la vocera.
Para la representante de Aptitus, el gobierno debe garantizar las bases legales para que sus ciudadanos puedan acceder a recursos para su subsistencia a través del trabajo, sin importar su orientación sexual, credo o religión.
“Las acciones de este deben ser complementadas por un compromiso real del sector privado a través de la generación de oportunidades. El trabajo conjunto de estos dos sectores es fundamental para ofrecer las condiciones necesarias para los trabajadores LGTBI y brindarles la calidad de vida que, como cualquier otro ciudadano, merecen”, puntualiza.
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