El siguiente Poder Ejecutivo recibirá un país en crisis, afectado por el aumento de la pobreza monetaria y el subempleo. Desde El Comercio, reunimos los distintos indicadores económicos que deberá observar y monitorear la próxima administración que ingresará a Palacio de Gobierno:
Pobreza
- En el año que pasó, la pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población peruana. Ello implicó un incremento de 9,9 puntos porcentuales en contraste con lo observado durante el 2019, según información del INEI.
MIRA: Debate sobre recuperación económica y reducción de la pobreza: ¿Qué tan viables son las propuestas de Perú Libre y Fuerza Popular?
- Hasta antes de la pandemia, la pobreza alcanzaba apenas al 14,6% de la población urbana del país. Pero en el 2020 esta aumentó a un 26%.
- Vale subrayar que la cifra registrada representa un retroceso a niveles similares a los alcanzados en el 2010, cuando la pobreza afectaba a un 30,8% de la población.
Tipo de cambio
- En las últimas semanas, el dólar ha superado varias veces su máximo nivel histórico en el mercado cambiario ante el nerviosismo de los inversionistas por los comicios electorales.
- Solo el último jueves, un nuevo pico se registró para la moneda estadounidense al terminar la jornada en S/3,87.
- Entre la primera vuelta del 11 de abril y la primera semana de junio, el sol se devaluó en 7% frente al billete verde.
- Frente a este panorama de volatilidad, el Banco Central de Reserva ha intervenido fuertemente para atenuar su alza.
Deuda pública
- El ministro de Economía, Waldo Mendoza, manifestó que la deuda pública subió a 35% del PBI durante el 2020.
- Para este año, el titular de la cartera estimó que la cifra se incrementará a 38%. Precisó que la recaudación no se recuperaría de forma inmediata y los gastos de la pandemia no desparecerían.
- En cuanto al déficit fiscal, anotó que usualmente se gastaba US$4.500 millones (2% del PBI). No obstante, para atender los efectos de la pandemia, el monto ha crecido hasta alcanzar los US$20.000 millones.
Desempleo
- Según el INEI, al cierre del 2020, la población ocupada en el país disminuyó en 13%, en comparación al 2019. Esto equivale a una contracción de más de 2,3 millones de empleos. Mientras en el área urbana el empleo se redujo en 16,4%, en el área rural cayó en 1,1%.
- Por región geográfica, la población ocupada cayó en la costa (19%), sierra (7%) y selva (2,8%)
- Finalmente, la población con empleo adecuado en el área urbana decreció en 29,3% durante el 2020. Mientras que la población subempleada aumentó en 6,1%.
Crecimiento económico
- Tras 22 años consecutivos de crecimiento, la economía peruana anotó una caída de 11,12% en el 2020, de acuerdo con el INEI. Se trata del peor resultado en los últimos 30 años debido al impacto de la pandemia del COVID-19.
- Los sectores más golpeados fueron Minería, Manufactura, Construcción, Comercio, Transporte y Alojamiento y Restaurantes.
- Al otro lado de la cancha, la producción registró un avance en los sectores de Telecomunicaciones, Agropecuario y Pesca.
Inversión pública
- Tras registrar un retroceso de 9,1% en el 2020, el panorama para la inversión pública de este año parece ser más alentador. En mayo del 2021, esta se elevó 484%, la cifra más alta de ejecución en lo que va del año.
- Vale resaltar que existe un efecto rebote detrás de este resultado, ya que un año antes el número había registrado su peor nivel, al descender un 72,7% versus mayo del 2019.
- En el el 2020 la caída del gasto en proyectos fue de 15,9% en el Gobierno Central; 4,7% en el Gobierno local y 2,7% en el Gobierno Regional.
¿Qué plantean Perú Libre y Fuerza Popular al respecto?
Perú Libre
Uno de los principales ejes de acción del plan económico de Pedro Castillo, de Perú Libre (PL), gira en torno al cambio de modelo económico.
“El mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población y a los mercados. No vamos a permitir que la inflación golpee a la mesa del pueblo”, afirmó, por ejemplo, el candidato durante el debate del 30 de mayo.
En esa línea, han llamado la atención los planteamientos de PL a temas como importaciones, turismo, pensiones e impuestos.
Así, desde esa agrupación política se insistió en la propuesta de prohibir las importaciones, particularmente las de maíz, trigo y arroz.
En los últimos días, sin embargo, Pedro Francke, representante económico del partido, modificó la propuesta al afirmar que no habría prohibición sino que se frenaría “aquella cosa que afecta la producción nacional”.
Juan Pari, miembro del equipo técnico de PL, también cuestionó en el debate del 23 de mayo las importaciones de papa al país.
No obstante, especialistas consultados por El Comercio aclararon que los problemas que enfrentan los productores del tubérculo no estaban relacionados a la importación.
Con respecto a la actividad turística, Castillo también afirmó que debía promoverse un ‘turismo sin lucro’, una propuesta que, a decir de los representantes del sector, sería inviable y ahuyentaría a las empresas que aún sobreviven pese al difícil contexto.
No obstante, una iniciativa resaltada por los expertos es la revisión de los contratos de las firmas que operan en la ruta entre Cusco y Machu Picchu; aunque observaron que sería más eficiente abrir la competencia en estos tramos.
La discusión se abrió también al tema de pensiones. Sobre ello, Castillo señaló que en un eventual gobierno suyo se gestaría un nuevo sistema nacional de pensiones “para acabar con la usura y precariedad que existe actualmente en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y la ONP”.
Así también, en un mitin realizado en Carabayllo, el candidato de PL cuestionó que las AFP no te den “tu propio dinero” en el marco de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, miembros de su equipo de trabajo brindaron declaraciones en líneas contrarias. Pari manifestó que “los aportes a las AFP, ONP y otros se respetan”. En tanto, Hernando Cevallos, también del equipo técnico, aclaró que no están “hablando de eliminar las AFP”, al menos, “por el momento”.
Sobre el aspecto tributario, son tres las medidas propuestas por Castillo: nuevo impuesto a las sobreganancias, cobrar regalías en función a las ventas y la renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.
Con respecto a la primera iniciativa, expertos señalan que el impuesto no tendría efecto en los grandes proyectos mineros debido a que están protegidos contra cambios normativos.
En tanto, sobre la renegociación, indicaron que sería contraproducente volver a negociar esos contratos, ya que fueron firmados para evitar los cambios de las reglas de juego.
Fuerza Popular
Por su parte, el plan económico de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (FP), resalta el impulso que habría sido otorgado por el marco constitucional de 1993, ya que “la evidencia muestra que las instituciones abiertas e inclusivas de la Constitución de 1993 rescataron al país de la pobreza y del caos generado por el modelo estatista y rentista”.
No obstante, algunos puntos del plan han sido cuestionados debido a diversas iniciativas de gasto que se buscaría impulsar en un eventual gobierno.
Por ejemplo, Fujimori había prometido reducir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para disminuir el precio del combustible.
“Hace unas semanas se hizo un paro nacional de transporte porque el precio del combustible en nuestro país es el más caro en toda la región. Vamos a investigar, vamos a fiscalizar y vamos a bajar el Impuesto Selectivo al Consumo para bajar el precio del combustible”, expresó.
Al respecto, especialistas subrayaron a este Diario que dicho impuesto es uno de los principales que el país recibe e implica ingresos importantes para la caja fiscal.
Así también, se señaló que esta reducción quitaría el incentivo para que las empresas de transporte adquieran este tipo de unidades y para que los concesionarios de gas natural inviertan en proyectos de promoción del gas natural vehicular (GNV).
La candidata indicó también que buscaría duplicar el monto que reciben los usuarios de Pensión 65 e incluir a más beneficiarios en este.
Sobre ello, un análisis determinó que esta medida haría que el costo actual del programa pase de cerca de S/840 millones a S/1.680 millones.
De otro lado, una de las propuestas resaltadas por los expertos consultados fue la de declarar en emergencia a la industria de los viajes, ya que esta iniciativa sería de vital importancia para las empresas del rubro.
Además de ello, la candidata de FP había prometido exonerar de impuestos al sector durante los próximos tres años, así como flexibilizar las restricciones de horario para la operación de los restaurantes.
En otras propuestas, Luis Carranza, miembro de su equipo técnico y exministro de Economía, explicó que un eventual gobierno se empezaría a implementar desde este 2021 programas “de impacto” como el bono oxígeno, que ascendería a S/10 mil y se otorgaría a las familias de fallecidos por COVID-19.
“Mi primera pregunta a Luis Carranza era si había los recursos, y sí hay en el presupuesto, pero se debe enfocar exactamente en las familias que más lo necesitan”, había señalado Fujimori.
Según había estimado Carranza, el costo de otorgar este bono oxígeno sería de S/620 millones. No obstante, tras el sinceramiento de fallecidos por COVID-19, especialistas consultados refirieron que el aumento será significativo a lo proyectado y además continuaría incrementándose.
Sobre el sistema de pensiones, Fujimori ha señalado que se propondrá una reforma “que garantice el derecho al ahorro privado con fines de jubilación”.
“Necesitamos una mejora en las AFP, se tienen que bajar las comisiones, estamos evaluando dar períodos de gracia, flexibilizar para las personas que han perdido su trabajo”, comentó.
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