“No ha habido ningún gobierno en los últimos 30 años que haya apostado por las empresas públicas como lo ha hecho este gobierno. [...] No puede ponerse en tela de juicio el amor y preocupación de este gobierno en fortalecer sus empresas públicas”, indicó con firmeza el presidente Ollanta Humala en la entrevista televisiva que otorgó la noche del domingo. Así, encendió nuevamente el debate sobre la idoneidad de fomentar la actuación de las empresas públicas.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Por un lado está la experiencia negativa peruana con la actuación del Estado en la economía –casos de corrupción, intereses políticos y personales en desmedro de la eficiencia de la gestión empresarial– y por el otro, la recurrente mención a algunos casos exitosos de empresas estatales en el extranjero. ¿Qué se puede esperar en lo que queda del gobierno?
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CAMBIO DE REGLASA inicios de la década de 1990 cambiaron radicalmente las reglas de juego para el Estado en la economía: ya no tendría la participación activa predominante de los años previos, ahora –según la Constitución Política de 1993– su rol sería subsidiario.
Por subsidiario se entiende que las necesidades del mercado son satisfechas por el sector privado, e incluso, en caso de que la demanda fuera insatisfecha, el Estado no tiene pase libre para satisfacer directamente esa demanda, sino que debe fomentar el ingreso del sector privado, explica Jorge Danós, socio del estudio Echecopar. Coloca como ejemplo al fondo Fitel en el sector de telecomunicaciones o los vuelos subsidiados en la región amazónica, en contraposición a la creación de una aerolínea estatal de bandera.
Otro ejemplo de participación actual distinto al de empresa pública es la asociación público privada (APP) cofinanciada, indica Ramón Huapaya, abogado del estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
Para el economista Carlos Adrianzén y para Fernando Cáceres, director de Infraestructura para Todos, la justificación de las empresas estatales sobre la base de los casos de éxito en el extranjero no tiene asidero, por la corrupción y la falta de institucionalidad y de preparación técnica en los cuadros de las empresas públicas que hay en el Perú.
En coyuntura preelectoral es poco probable que el gobierno reste participación a las empresas estatales, indica Cáceres. Sobre todo teniendo en cuenta que no dio el paso de la privatización de las empresas de saneamiento (EPS), pese a su crítica situación.
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EMPRESAS BANDERAEl presidente Ollanta Humala destacó las siguientes empresas estatales en una entrevista a un medio local: la Agencia Espacial del Perú (Conida) “que va a administrar el satélite que hemos comprado”; Servicios Industriales de la Marina de Guerra (SIMA), “que está trabajando a nivel nacional los proyectos de módulos prefabricados (puentes), construcción de buques –está construyendo el buque Abiola para la Marina–, buques multipropósitos, media docena de lanchas patrulleras, los famosos PIAS –buques que son como hospitales que van por las cuencas del Putumayo y el Napo–”; y el Servicio de Mantenimiento (Seman) de la FAP, “que tiene el proyecto de los KT-1 [aviones coreanos]”.
También mencionó a Petro-Perú, al que “le hemos dado Talara, un proyecto de más de US$3.500 millones, que cambiará la realidad para bien de la zona norte”.