Luego de que los representantes del consorcio Gasoducto Peruano del Sur reclamaran por su descalificación para competir por el proyecto Gasoducto Sur Peruano, el presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Pro Inversión, Édgar Ramírez, señaló que la decisión fue tomada tras el análisis de asesores legales externos en torno a dicho proceso.
Indicó que se enteraron que el referido consorcio -integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI- presentó el mismo día que entregó los sobres N°2 y N°3 “una carta que señalaba la recomposición del consorcio”, en la que se reducía la participación de GDF Suez de 25% a 2%.
“Nosotros recibimos la carta. Ellos ya habían presentado su propuesta técnica y económica. La evaluamos inicialmente y en aras de no interrumpir la continuidad del proceso, dijimos bien, enviémosle una carta aclaratoria' y les dimos, efectivamente, un plazo [hasta hoy a las 9:30 a.m.]”, refirió el funcionario.
Sin embargo, Ramírez detalló que los encargados del proceso enviaron la carta aclaratoria el mismo 26 alertando al consorcio que su proceder no era subsanable.
“Nosotros hemos seguido evaluando con asesores legales externos a Pro Inversión y en los dos dias siguientes dos asesores externos señalaron que el hecho de la presentación de esa carta y la modificación de la conformación tal como la habían presentado, eso hacía que el acto sea totalmente insubsanable”, remarcó el funcionario para luego precisar que el proceder de las empresasGDF Suez, Sempra, Techint y TGI “transgredía lo señalado en las bases” del concurso.
En ese sentido, Pro Inversión envió un comunicado en el que resaltó que el sobre Nº 1 que contiene, entre otros, una declaración jurada señalando la composición del consorcio y el porcentaje de participación de cada una de las empresas. “La declaración indicaba que eran cuatro empresas las integrantes, cada una de ellas con un 25% de participación”.
Además, precisa, que de acuerdo a lo expresado en las bases, la falta de veracidad o insuficiencia en los datos del postor en este concurso ocasionará que “el comité lo descalifique en cualquiera de sus etapas”.
LO ECONÓMICO, EN SEGUNDO PLANORespecto al reclamo sobre el monto de inversión ofertado, Ramírez señaló que este punto no tiene pie en la discusión, pues cualquiera de las propuestas pudo ser la menor. “Es un tema irrelevante aún cuando la diferencia, creo que como US$200 millones, representa aproximadamente el 2% de todo el costo del servicio”, acotó.
Finalmente, recalcó que el proceso llevado a cabo fue totalmente transparente, independiente y de acuerdo a reglamento. “Aquí no ha habido ánimo absoluto en favorecer a nadie. El proceso ha sido competitivo, han llegado tres postores pre calificados, dos postores presentaron oferta y lamentablemente llegó esa carta que, de acuerdo a ese análisis legal, invalida la propuesta. Ese análisis se hace en los últimos dos días y se llega a la conclusión, de parte de los abogados, que es mejor precisar e indicar a los señores que están descalificados”, concluyó en entrevista con RPP.