La calificadora internacional Fitch, con base en Manhattan, dio a conocer que ha retirado todas sus calificaciones sobre Petro-Perú y agregó que no volverá a proporcionar ningún tipo de cobertura analítica sobre la empresa.
En un comunicado emitido en horas de la tarde explicó que esta determinación obedece a que “carece de información suficiente para tomar una decisión de calificación para el emisor (Petro-Perú) y sus instrumentos de deuda”.
Por eso, dijo que “retiró las calificaciones sin emitir una acción de calificación”.
“La posición de liquidez de la compañía es débil y las conversaciones con el gobierno están en curso”, agregó.
Cabe señalar que la última vez que Fitch evaluó a Petro-Perú fue en agosto de 2025, fecha en la cual le otorgó una calificación de CCC+, consignada en el nivel más bajo de su tabla, en el apartado de “especulación con alto riesgo”.
La calificadora alertó entonces que era bastante probable que la petrolera estatal cayera en algún tipo de incumplimiento sin apoyo gubernamental.
La decisión de Fitch se produce días después de la emisión del decreto de urgencia que dispone la restructuración de Petro-Perú y su división en bloques patrimoniales con miras a una ulterior privatización.
Esto sin el habitual acompañamiento de un rescate financiero para inyectarle liquidez y sacarla de apuros, como había sido la norma en los últimos cuatro o cinco años.
En ese lapso el Estado peruano ha brindado a Petro-Perú salvatajes financieros por un monto de S/17.888, cifra que supera el presupuesto anual de los sectores Salud y Educación.
De acuerdo a expertos, la decisión de Fitch sería replicada en los siguientes días por las otras dos calificadoras que siguen a Petro-Perú: S&P y Moody’s.
Cabe señalar que el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) alertó días atrás que las acciones y declaraciones del Gobierno en torno a la restructuración de la empresa estatal elevaban el costo del financiamiento y deterioraban “la posición negociadora de Petro-Perú frente a bancos, proveedores y acreedores”.
“Una rebaja de calificación o un deterioro en la percepción de respaldo estatal tiene consecuencias inmediatas sobre el precio de los bonos, la disponibilidad de crédito y las condiciones de refinanciamiento”, indicó el sindicato.
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