El Ejecutivo no recibiría las facultades legislativas solicitadas para aplicar la integración de cuatro organismos reguladores: Ositran, Sunass, Osinergmin y Osiptel. Esto debido a que, desde la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, la opinión emitida ha sido en contra. Así lo clarificó el presidente de dicho grupo, el congresista Wilson Soto.
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“Desde la comisión hemos enviado un oficio a la presidenta de la comisión de Constitución, en la cual hemos alcanzado nuestra posición como comisión. De ninguna forma apoyamos ni vamos a apoyar el delegar facultades legislativas en este punto. Los organismos se deben fortalecer”, recalcó.
A la sesión, que tuvo lugar ayer en la sala Francisco Bolognesi del Congreso, estuvo invitado el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Sin embargo, este comunicó que no asistiría a la sesión. Su ausencia fue cuestionada por el congresista Soto.
“Habíamos invitado al primer ministro y lejos de colaborar con la comisión, no ha asistido. Nuestro rechazo a ello, los ministros y autoridades deben colaborar con el parlamento”, remarcó.
Quienes sí asistieron fueron los presidentes de los cuatro organismos reguladores, quienes también habían sido citados a la presente sesión y expresaron su preocupación por la propuesta.
Sobre el pedido de facultades
La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, sostuvo durante su presentación que la propuesta planteada por el premier -el de una fusión de los organismos- excede al pedido formal solicitado.
“El pedido ha ido en menos de 10 días transformándose y eso no nos parece correcto. El pedido formal se realiza expresamente para generar medidas de articulación y coordinación entre organismos reguladores. Sin embargo, cuando la asesora hace la precisión del pedido, en realidad es un cambio. Dice que no son medidas de articulación, sino de integración de los 4 organismos”
Zambrano remarca, además, que tratándose de una mayor coordinación, no se requiere un pedido de delegación. Algo que también fue remarcado por el presidente del consejo directivo de Osinergmin, Omar Chambergo. “Nos causa mucha extrañeza la forma en que fue planteada la propuesta. En el proyecto de ley y los sustentos que se dieron se hablaba de medidas para la articulación y coordinación. Y para eso no necesitamos ley. La secretaria de coordinación de la PCM es libre de convocarnos para toda coordinación”, aseveró.
Algo que señalaron los organismos reguladores es que para la elaboración o fundamentación de esta propuesta no habían sido convocados. En algunos casos, los presidentes han manifestado que no han sido convocados por la PCM en ningún momento. “Los reguladores solemos pedir una cita con el premier al inicio de las funciones, pero hace años que no hemos sido convocados. Creo que solo hemos sido convocados por la señora Violeta Bermúdez”, dijo Zambrano. Como se recuerda, Bermúdez ocupó el cargo de presidenta del Consejo de Ministros entre noviembre del 2020 y julio del 2021.
Sobre el modelo de gran regulador
La unión de los cuatro reguladores en un solo organismo supondría que una sola entidad multisectorial tenga competencias sobre aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, líneas de metro, telecomunicaciones, agua, saneamiento, electricidad, hidrocarburos, gas y minería.
Solo en Osinergmin, según detalló su presidente, supondría que este gran regulador tenga a su cargo la supervisión , en el sector eléctrico, de 375 instalaciones de generación, transmisión y distribución; 32.000 km. de redes de mediana y baja tensión; 2,3 millones de lámparas de alumbrado público y 8,5 millones de usuarios. En el caso de la infraestructura de gas natural, hablamos de 2,549 km en ductos, 8 plantas de procesamiento, 5 concesiones de gas natural y 23.000 km de redes de distribución. En hidrocarburos, sería supervisor de 28 operadores de ductos y 31 lotes de hidrocarburos. Mientras que, en minería, tendría a su cargo la supervisión de 135 unidades fiscalizables de la gran mineria y 242 de la mediana minería.
“Se ha hecho una propuesta a través de la cual no se ha hecho el análisis respectivo. No se ha escuchado a los principales involucrados”, agregó Chambergo.
En el caso de Sunass, el presidente ejecutivo, Mauro Gutiérrez, sostuvo que el organismo regula a 50 empresas prestadoras de servicio y 26.000 organizaciones comunales. “Los riesgos de tener una megaorganización es tener una disminución en la calidad de la supervisión, pérdida de la especialización de consejos directivos y órganos de línea y procesos regulatorios que pueden ser más complejos y lentos. ¿Qué ejemplos tenemos sobre megareguladores?: el único caso lo encontramos en Costa Rica. En toda la región no encontramos un modelo que hable sobre que tener un regulador integrado sea la regla. El problema de los reguladores es que sus consejos directivos se encuentran incompletos. Eso es un tema que no compete al regulador sino a PCM”, comentó.
En línea con lo señalado por Gutiérrez, también se puso sobre la mesa que la discusión de un cambio como el que se pretende demandó un mayor tiempo de debate en otras economías. “En modelos comparados, en el caso del modelo español hubo un debate para juntar los sectores regulados y tomó año y medio en el congreso de ese país. Ese es el debate que exigimos. El modelo alemán es más especializado y abarca menos temas que los que hoy abarcan los reguladores peruanos”, aseveró Zambrano.
Sobre este punto, los cuatro reguladores consideraron también que el unir a los organismos en una sola institución eleva el riesgo de una captura regulatoria.
“Si antes tenemos varios reguladores y ahora solo tenemos uno, evidentemente es fácil influenciar sobre la cabeza de esta nueva entidad. Este es un riesgo que se ha analizado internacionalmente”
Sobre el tema presupuestal
El presidente del consejo directivo de Osiptel, Rafael Muente, aseveró que la medida tampoco guarda lógica desde el punto de vista presupuestal. Esto dado que los recursos que hoy tienen los organismos reguladores no tienen una mayor participación sobre el presupuesto de PCM.
“El presupuesto del Osiptel representa el 0,08% del presupuesto del Gobierno Nacional y el 1,9% del presupuesto de toda la cartera presupuestal de la PCM. Además, el 72% de ese presupuesto es cubierto por aportes de las empresas por regulación. No es dinero que salga del bolsillo del Estado”
A su turno, Gutiérrez, sostuvo que utilizar estos recursos para otro fin tampoco sería posible. “Los recursos de los reguladores son directamente recaudados y tienen naturaleza tributaria de contribuciones. No se puede destinar los recursos para otro fin que no sea su propósito”, acotó.
Finalmente, los cuatro presidentes de los organismos coincidieron que, desde el punto de vista presupuestal, tampoco se ha detallado cuál es el ahorro que se pretende alcanzar. “El proyecto de PCM no presenta alternativas, no hay claridad en el impacto. Se ha hablado de miles de millones de ahorro, ¿cuánto es ello? Con todo lo expuesto, no quiere decir que nos opongamos de manera general y sin ninguna razón. Sino que no han sido expuestas las razones ni se ha contado con las opiniones de los reguladores. Se está cambiando un modelo de 30 años y para hacerlo debe haber una debida sustentación”, dijo Zambrano.
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