El mercado móvil peruano va por buen camino: se encuentra en la media latinoamericana de penetración del servicio y ha logrado reducir sus tarifas gracias al buen nivel de competencia existente; sin embargo, padece una excesiva regulación que convendría revisar.
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Así lo estimó Sebastián Cabello, director para Latinoamérica de la asociación mundial de operadores móviles GSMA, luego de presentar su último reporte anual.
“Por un lado, el Perú tiene una prédica de bastante apertura de mercado, pero en telecomunicaciones han sido bastante prescriptivos, con mucha regulación. Eso debería cambiar. Hay mucho control que suma costos a los operadores”, enfatizó.
Desde su perspectiva, no solo se debería trabajar en una nueva regulación que contemple la convergencia, sino además establecer reglas del juego que equilibren el campo y permitan a todos los operadores tener las mismas facilidades para invertir. —La última milla—Según el reporte de GSMA, en el Perú existen 21 millones de usuarios únicos móviles, que implican una penetración del 66%. Esta cifra se corresponde con la media regional, que es de 65%.
Cabello consideró que todavía se puede incrementar la penetración, pero no mucho, porque los usuarios sin conectar son los que están en la base de la pirámide: tienen menos ingresos económicos y viven en zonas remotas.
Para llegar a ellos hace falta el trabajo coordinado entre el sector público y privado, de forma tal que el Gobierno vaya donde al privado no le resulta rentable.
En el Perú, recomendó, se podría apostar por compartir la infraestructura (una antena que pueda ser usada por varios operadores), crear incentivos fiscales en las zonas remotas y eliminar las barreras burocráticas que persisten en el interior del país.
Los operadores, explicó, experimentan desde el 2012 una disminución en el ritmo de alza en sus ventas y esto continuará así hasta el 2020. Además, los márgenes de ganancia bajarán tres puntos porcentuales entre el 2015 y el 2020, por tanto sería recomendable no sumar impuestos. Si lo hacen, dijo, se afectaría la ejecución de las inversiones necesarias para reducir la brecha latente.
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