La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico al Estado por cerca de S/ 38 millones como consecuencia de irregularidades en la suscripción de una adenda y la ejecución de obras de la autopista Puno-Juliaca, de 50 km y que tuvo una inversión de S/295,16 millones.
El proyecto forma parte del tramo 5 del Corredor Vial Interoceánica Sur (854 Km), que une Matarani (Arequipa), Ilo (Moquegua) y Azángaro (Puno).
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El monto fue identificado a través de la Auditoría de Cumplimiento (periodo 1 de enero 2013 al 30 de abril 2018) al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) que concluyó con tres observaciones.
El control posterior ejecutado determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa de trece (13) funcionarios públicos que se desempeñaban en el MTC (el concedente) y su unidad ejecutora Provías Nacional, que no cautelaron adecuadamente los intereses del Estado.
OBSERVACIONESLa auditoría determinó que el MTC y la concesionaria del tramo 5 suscribieron la adenda 3 e iniciaron la ejecución de una segunda calzada (paralela a la calzada o pista existente), incumpliendo la normativa de evaluación de impacto ambiental, la normativa de asociaciones público-privadas y el propio contrato de concesión.
Dicha adenda se suscribió y ejecutó pese a que el estudio de ingeniería (EDI) fue aprobado sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente para prevenir impactos negativos en el medio ambiente y daños a restos arqueológicos en la zona (Se corroboró que el trazo de la autopista afectaba un camino prehispánico).
A través de la mencionada adenda, el concedente también asumió el compromiso de entregar los predios necesarios para el inicio de la obra, sin contar con la disponibilidad de los mismos, al no haber realizado oportunamente el saneamiento físico legal respectivo.
Asimismo, el MTC y la concesionaria suscribieron un acta de acuerdo temporal para iniciar trabajos preliminares de la segunda calzada, antes que se haya suscrito la adenda, asumiendo obligaciones y compromisos no previstos en el contrato de concesión.
Estos hechos, además de haber incumplido con la normativa vigente, ocasionaron que hasta la fecha no se haya concluido la segunda calzada (cuyas obras recién se iniciaron en el año 2016 y debió culminar dos años después), y que se haya generado un sobrecosto y perjuicio económico por S/2 millones 508 mil por mayor reajuste de precios derivado de la demora en la ejecución de las obras (por la entrega de terrenos).
Una segunda observación es que el MTC aprobó el costo directo del presupuesto de la obra de la autopista Puno-Juliaca en dólares, cuando en aplicación de los términos de referencia el presupuesto debía ser en moneda nacional. Asimismo, en dicho presupuesto se aprobó partidas sin sustento técnico alguno y con mayores costos. Todos estos hechos ocasionaron mayores pagos que constituyen un perjuicio económico al Estado por más de S/34 millones.
La tercera y última observación es que el MTC aceptó y aprobó el EDI de la segunda calzada, sin advertir deficiencias en el diseño geométrico de algunos elementos esenciales de la vía que no cumplen con la norma DG-2001 (Manual de Diseño Geométrico de Carreteras) afectando los niveles de servicio, lo cual a su vez, generó un sobrecosto y perjuicio por US$377,508 (equivalente a más de S/1 millón 291 mil).
El informe ha sido notificado a los titulares del MTC y Ositran, el 8 y 11 de marzo de este año, respectivamente. Asimismo, a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General, y al Órgano Instructor competente, para que se inicien las acciones legales y administrativas correspondientes contra los funcionarios y servidores involucrados.
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