Aunque cualquier persona podría decir que el tema ya era bastante ignorado por muchos desde hace varios meses, no ha sido sino hasta la semana pasada que el Ejecutivo decidió finalmente flexibilizar las medidas de aislamiento social obligatorio para los mayores de 65 años. Antes de eso, este grupo de personas estaba prohibido de salir a la calle excepto para buscar atención médica urgente, comprar alimentos y medicinas, hacer gestiones financieras o cobrar algún bono del Gobierno.
El primer paso para la modificación se dio el sábado 3 de octubre, tras publicarse el decreto 162-2020-PCM que tímidamente permitía a los adultos mayores salir tres veces por semana a dar un paseo de hasta 60 minutos (siempre y cuando no se alejaran más de 500 metros de sus domicilios). Pero el verdadero cambio ocurrió el último miércoles, cuando el presidente Martín Vizcarra anunció que se dejaría la ‘prohibición’ para pasar a una mucho más sana ‘recomendación’ a permanecer en casa.
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Esta decisión, sin embargo, no es algo por lo que se deba dar crédito al Ejecutivo. Solo ocurrió después de que la Defensoría del Pueblo emitiera dos pronunciamientos y de que diversos abogados y medios de comunicación demandaran cambiar las restricciones de tránsito, ya que limitaban derechos fundamentales.
Con ello, han tenido que pasar casi siete meses para que el Gobierno se acuerde de que los adultos mayores se habían quedado esperando una autorización oficial para al menos salir a dar una vuelta a la manzana sin romper la ley. Pero, a estas alturas de la pandemia, ¿era viable seguir manteniendo a este grupo de personas encerradas en sus casas?
La respuesta es no. Es cierto que, desde un punto de vista sanitario, se trata del grupo más vulnerable al virus y que el 70% de los más de 33 mil fallecidos oficiales que registra el Ministerio de Salud tenía más de 60 años (esto, a pesar de que este grupo representa solo el 18% de contagiados). No obstante, así como con otras medidas del Ejecutivo, el decreto inicial no tomaba en cuenta la heterogeneidad de la población.
Desde un punto de vista económico, hace tiempo que la medida era insostenible para muchos de los involucrados. Según el INEI, en el Perú hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años y, de este grupo, la mitad sigue trabajando. Así, al 2018, el 6% de la PEA nacional y el 6,2% de la Población Ocupada estaba compuesta por personas en este grupo etario. Prohibirles salir de casa e imponerles mayores restricciones que a los más jóvenes es crear barreras adicionales para que puedan generar ingresos.
Y es que lo que en el papel sería la edad legal de jubilación, es solo un dato referencial para la gran mayoría de adultos mayores en el Perú. A junio del 2020, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, de los 2,8 millones de adultos mayores que hay en el país, solo 879 mil ahorraron durante su vida laboral para contar con una jubilación (y no a todos les alcanza la pensión ).
Tampoco es que la prohibición a salir a la calle haya venido acompañada de un incentivo económico suficiente que les permitiera sostenerse durante los meses de encierro. Con el segundo bono universal recién habilitado desde el último sábado, aquellos beneficiados habrían recibido el equivalente a 11% de un sueldo mínimo por cada mes de encierro durante la pandemia.
La política paternalista del Ejecutivo que prohibía a los adultos mayores salir a la calle tenía una fecha de caducidad que pasó hace semanas. Así como el resto de adultos en el país, las personas mayores de 65 años son conscientes de los riesgos que trae el virus y de las probabilidades de contagio que existen al recorrer la ciudad. Pero, también como con el resto de adultos, es su decisión hacerlo.
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