Es difícil imaginar la economía peruana sin minería. De la misma forma, es difícil entender el proceso de desarrollo de nuestro país o delinear un ejercicio prospectivo sin considerar la evolución de este sector. Desde una perspectiva macroeconómica, parte de su importancia radica en contribuir a los equilibrios fundamentales. Por ejemplo, generando divisas a través de las exportaciones (65% del total al 2021) o ingresos fiscales, sobre todo, impuesto a la renta (14% del total al 2021).
Asimismo, la minería tiene la capacidad de impulsar el crecimiento de nuestro PBI. De manera particular, en esta coyuntura, el crecimiento del sector podría ayudar en el proceso de recuperación de la economía. De acuerdo con estimaciones de Macroconsult la expansión de la minería para el periodo 2022-23 sería cercana al 4% (por encima del 2% para el total nacional) explicado por los precios del cobre y, si el clima de inversiones lo permite, por la entrada paulatina de nuevos proyectos como Mina Justa, Quellaveco, la ampliación de Toromocho y asumiendo que las Bambas retoma operaciones en el muy corto plazo.
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No obstante, la relación del sector con el desarrollo subnacional ha sido más controvertido y una fuente de tensión a nivel político y social. Por ello, una pregunta recurrente de la investigación económica aplicada ha sido identificar cual es la contribución de la minería en las localidades y, sobre todo, en las familias que las componen. En este articulo voy a resumir lo que a mi juicio son los dos hechos estilizados más importantes que ofrece esta literatura en el caso peruano.
Primero, se verifica un impacto positivo de las operaciones mineras en el nivel de ingresos de las familias y en la reducción de la pobreza promedio de las localidades donde se ubican (Loayza y Rigolini, 2016). Asimismo, estos resultados estarían explicados sobre todo por la dinamización del mercado laboral y los encadenamientos con proveedores locales (Macroconsult, 2012; Aragón y Rud, 2013).
No obstante, los efectos no serían homogéneos. Usualmente los estudios reportan mayores impactos en los distritos mineros frente a sus vecinos, en las zonas urbanas frente a las rurales y entre las poblaciones más educadas frente aquellas con menor acumulación de capital humano (Zegarra, Orihuela y Paredes, 2007; Loayza y Rigolini, 2016). Es decir, los impactos se concentran en aquellas poblaciones con mayor capacidad de aprovechar las oportunidades económicas que ofrece la minería dejando atrás a las más vulnerables.
De ese modo, parte de la explicación de la insatisfacción ocurriría por el surgimiento de inequidades territoriales y entre grupos demográficos al interior de un territorio. En este último caso, además podrían surgir fuentes de conflicto en los casos que el aumento de demanda laboral atraiga un flujo migratorio de tal naturaleza que desplace económicamente a la población originaria (Ticci y Escobal, 2014).
Segundo, los resultados en la ampliación de servicios públicos son mixtos. Por un lado, producto de las mayores transferencias, en general, sí se observa un aumento en el gasto realizado por los gobiernos locales (Zambrano, Robles y Laos, 2014), pero, por otro lado, no necesariamente está acompañada por mayor eficiencia del gasto en la mayoría de los distritos (Maldonado y Ardanaz, 2016).
Asimismo, el cierre de brechas de infraestructura y aumentos en la provisión de servicios públicos no ocurre de manera generalizada y cuando ocurre ha sido modesta en relación con las transferencias (Maldonado, 2018). La explicación detrás usualmente gira alrededor de la calidad del gasto, las capacidades de los gobiernos locales para promover una agenda de desarrollo de largo plazo y comportamientos electorales estratégicos. De cualquier forma, la provisión de servicios públicos de calidad es reconocida a través de esta literatura como uno de los mecanismos críticos para impactar en indicadores de desarrollo.
Un ejemplo es la acumulación de capital humano. A pesar de que la evidencia es menos abundante en este frente, se puede concluir que existen efectos positivos sobre los rendimientos educativos cuando operan eficientemente los mecanismos redistributivos (Agüero, Balcázar, Maldonado y Ñopo, 2017). Entre otras cosas, esto es posible gracias a una mejora en la oferta educativa.
En resumen y, desde de una perspectiva de desarrollo económico, se puede concluir que existen efectos positivos de la minería en las economías locales, pero requieren de la acción del Estado para que se extiendan y profundicen, sobre todo en las poblaciones más pobres y vulnerables. Esto involucra no solo la participación de los gobiernos subnacionales haciendo que el mecanismo de redistribución de gasto público opere de manera eficiente, sino también del gobierno nacional. En este último caso, a partir de tres acciones concretas.
Primero, a partir de políticas públicas que permitan a las poblaciones menos favorecidas aprovechar las oportunidades de un mercado laboral más dinámico. Segundo, promoviendo microcorredores económicos que extiendan los efectos de las cadenas de valor más allá de la minería y de los límites político-administrativos. Tercero, con programas sociales orientados a promover el desarrollo infantil temprano como instrumento para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Finalmente, las empresas a través de su inversión social deben actuar de manera complementaria al Estado, sobre todo, innovando en soluciones adaptables a las necesidades especificas al entorno.
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