En el Perú, tres de cada diez jóvenes que terminan la educación secundaria transitan hacia la educación superior. De ellos, dos se matriculan en universidades y uno en institutos tecnológicos, pedagógicos o técnico-productivos. Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) al 2018, se sabe que al menos el 9% de los jóvenes que se matriculan en las universidades estarán desempleados, lo que equivale a 136 mil universitarios, y otros muchos estarán atrapados en el subempleo.
Ahora bien, para entender por qué ocurre eso, es importante tener un poco de contexto. Entre los años 2000 y 2019, el número de universidades en el Perú se incrementó en 95%; es decir, aumentó en 70 nuevas instituciones. Sin embargo, este aumento en la oferta educativa no ha sido acompañado necesariamente por calidad. Esto puede comprobarse al verificar que, años más tarde, cuando los estudiantes quisieron insertarse en el mercado laboral, las tasas de desempleo en egresados universitarios también se incrementaron [ver el gráfico]. Y es que la calidad educativa de las universidades es clave para una correcta inserción en el mercado laboral. Al no reflejarse el nivel educativo de los jóvenes en sus ingresos futuros, debido al desempleo o subempleo, se perpetúan las desigualdades. Muchas familias invierten en la educación superior de sus hijos con la esperanza de poder mejorar su condición económica. Sin embargo, su inversión puede convertirse en un gasto con poco o ningún retorno.
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Para darnos una idea de la dispareja calidad de la oferta educativa universitaria, debemos saber que el país cuenta actualmente con 144 universidades. De estas, 51 son de gestión pública, 41 de gestión privada asociativa (sin fines de lucro) y 52 de gestión privada societaria (con fines de lucro). A la fecha, solo el 33% de las universidades privadas societarias tienen una licencia de funcionamiento, mientras que en las públicas y privadas asociadas este porcentaje asciende a 90% y 71%, respectivamente. En cuanto al gasto en educación superior como porcentaje del PBI, este fue de 0,6%; mientras que, en países como Argentina, Chile y Uruguay, se gastó, en promedio, 1,2%, 1,4% y 1,2%, respectivamente.
Bajo un entorno con limitado gasto en el sector y con el 34% de universidades sin licencias, la transición hacia el mercado laboral de los egresados universitarios es poco favorable. Entre el 2014 y 2018, la Sunedu reportó que la tasa de desempleo de egresados universitarios pasó de 5,2% a 8,8%. Asimismo, dentro del mercado laboral, el Instituto de Estadística e Informática (INEI) reportó que el 18,5% de personas con educación superior universitaria se encontraba subempleada en el 2018. No obstante, este dato es un promedio que esconde una realidad aún más dramática. Y es que de acuerdo con una investigación de los economistas Gustavo Yamada, Pablo Lavado y Joan Martínez, una persona que egresa de una universidad de baja calidad incrementa su probabilidad de estar subempleado de 19% a 30%.
Además de la poca empleabilidad de los egresados, otra consecuencia de la baja calidad educativa superior es la limitada producción de conocimiento científico en las universidades. Según los datos recogidos de Scopus, actualmente, el Perú representa solo el 2% del total de publicaciones científicas de América Latina. Esto hace que el país se vea rezagado en investigación e innovación, piezas claves para el desarrollo del país por su contribución en la generación de políticas basadas en evidencia (pues, como dicen, #SinCienciaNoHayFuturo).
LA REFORMA EDUCATIVA COMO RESPUESTA
Ante los problemas que afronta la educación superior universitaria, en el 2014 se promulgó la Ley Universitaria. Como parte central de esta reforma universitaria, se creó la Sunedu. Así, la Sunedu es un organismo autónomo que se encarga de garantizar estándares mínimos del servicio educativo superior mediante licenciamiento, autorización de funcionamiento y supervisión de la calidad del servicio, según el artículo 22 de la Ley Universitaria.
Durante los seis años de vigencia, la reforma universitaria ha logrado duplicar el presupuesto en investigación, aumentar el número de publicaciones científicas en 170% e incrementar el número de docentes a tiempo completo de las universidades públicas en 50 puntos porcentuales (de 20% a 70%). Todo ello, en beneficio de más de un millón y medio de estudiantes.
Como ya hemos señalado, el incremento de la oferta educativa universitaria de los últimos años no necesariamente ha estado asociado a calidad. En un servicio como el educativo, en el que la información no es completa y el estudiante recién puede comprobar su calidad convenientemente cuando egresa y busca incorporarse al mercado laboral, es imperativo exigir estándares mínimos de calidad. En ese sentido, la reforma universitaria es crucial. En estos días de gran inestabilidad política e incertidumbre, resulta esencial la continuidad de esta reforma, que en última instancia apunta a la reducción de brechas y a un desarrollo inclusivo. Y es así justamente cómo también lo percibe la población, que la defiende con firmeza. No retrocedamos.
*Este artículo ha sido escrito con Gonzalo Bueno y Jesús Gutiérrez.
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