En una sesión accidentada, más allá de los problemas técnicos que se presentaron, la Comisión de Economía del Congreso escuchó a las diversas partes involucradas directa e indirectamente en el análisis de la nueva ley de promoción agraria, que hasta ahora continúa sin un destino concreto.
Una de las primeras en presentarse de forma presencial en el Parlamento fue Susan Quintanilla Huaranca, presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Ica. Indicó que algunos trabajadores del sector han sido sometidos a “una esclavitud moderna” en los últimos 20 años y en condiciones “precarias de empleo”.
“Queremos el desarrollo económico con inclusión social, salud y calidad de vida”, precisó Quintanilla.
Estuvo presente también el vicepresidente de la Asociación Peruana de Laboralistas, Javier Mujica, quien habló en representación de los trabajadores. “Los profesionales que hemos venido acompañando a los trabajadores que se han organizado en comités de lucha en Ica hemos desarrollado un conjunto de propuestas que hemos compartido con miembros del Congreso”, remarcó.
Previo a la presentación de la propuesta de los trabajadores, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Perú (AGAP), expuso ante la Comisión diversos aspectos técnicos del sector agrario. Precisó que la ley que se promulgue afectará a 1,2 millones de peruanos de forma directa e indirecta, y añadió que son 500 mil puestos de trabajo los que genera la industria agroexportadora formal.
“Lamentamos que empresas tramposas e ilegales hayan abusado de los derechos laborales de trabajadores peruanos del agro. Nosotros no representamos a esas empresas tramposas. Esperamos que la Sunafil y toda la dependencia del Estado les caiga con toda la fuerza de la ley”, detalló.
LOS PROYECTOS DE LEY DE AMBAS PARTES
Fuentes señaló que la propuesta que se enviaría desde AGAP al Congreso contempla que las empresas agroindustriales otorguen bono del 15% sobre la remuneración mínima vital (RMV) por conceptos fuera del salario, que son el transporte y la alimentación de los trabajadores. Más adelante, explicó que esa es la propuesta que el sector puede dar “sin afectar la viabilidad de empresas y cultivos”.
“Este esfuerzo está por encima de cualquier incremento que se haya dado en los últimos 20 años sobre la RMV. [...] Estamos hablando de aproximadamente 150 soles al mes adicionales por el trabajador”, comentó.
Fuentes dijo que “sería irresponsable” que se proponga un incremento remunerativo de más del 15%, debido a la competencia y la situación actual de precios mundiales a las que se encuentra sujeta la industria en su totalidad.
“El riesgo aquí es perder jornales cercanos a los 18 millones y nosotros no somos irresponsables, no vamos a generar más desempleo en un momento en el que país menos lo necesita”, detalló.
Agregó, asimismo, que el incremento de 15% sobre la RMV representa un aumento de S/208 en el costo laboral total que asumen las empresas por trabajador. “Por supuesto que quisiéramos dar más, pero tampoco vamos a generar inestabilidad”, añadió.
En medio de su intervención también tuvo la palabra Quintanilla, representante de trabajadores agrarios, quien entre lágrimas alzó la voz por la situación que se vive al sur del país con los enfrentamientos entre policías y manifestantes. “Mis hermanos obreros están siendo maltratados, desalojados; donde está la presidenta [del Congreso] Mirtha Vásquez, que dijo que hablaría con el Ejecutivo”, dijo.
Tras su intervención que no pudo ser escuchada con claridad por problemas en el audio, el parlamentario Ricardo Burga (Acción Popular) pidió a los presentes no dejarse llevar por las emociones para poder avanzar con la discusión técnica de la ley en debate. A la vez, lamentó que el Ejecutivo no haya presentado un proyecto de su autoría y lo responsabilizó de lo que pueda ocurrir ante las manifestaciones en el norte y sur del Perú
“Acá estamos tratando de solucionar técnicamente y para eso estamos escuchando a las dos partes. Lo que sí lamento es que el Ejecutivo no ha presentado hasta el momento una sola propuesta. Responsabilizo al Gobierno de cualquier situación que se venga de aquí en adelante, es una irresponsabilidad que no resuelvan este tema. [...] Les pido calma porque si nos dejamos llevar por emociones eso se va a desbordar y no vamos a poder [avanzar]”, dijo.
A su turno, Vidal Espinoza Lara, secretario de Defensa Laboral de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), anunció que el gremio sindical, en coordinación con los trabajadores del sector agrario y especialistas laborales, ha presentado un proyecto de ley “que recoge las mínimas aspiraciones de los trabajadores” del rubro. “Está orientado a mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, resaltó
El Comercio accedió a este proyecto de ley, que propone, entre otros puntos, que la remuneración mínima agraria que no puede ser inferior a 1,5 RMV. Es decir, el piso salarial pasaría de S/ 930 a S/1.395 sin contar conceptos como las gratificaciones ni la CTS dentro de la remuneración.
De esta manera, se plantea que la RMV agraria pase de S/31 a S/ 46,5 diarios. Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo y uno de los consultores que colaboró con el proyecto, señaló que esto implica un incremento del 50% del salario mínimo para el sector.
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