Hay una reflexión que parece sacada de un libro de consejos del corazón pero no por eso deja de ser cierta. Ya sea en el trabajo, con los amigos o en el amor, cultivar una relación requiere de un esfuerzo constante entre ambas partes. La falta de honestidad, el desgano o la rutina pueden apagar cualquier vínculo y eventualmente extinguirlo.
La idea también aplica al nexo que existe entre el sector privado y el Estado. Aunque algunos candidatos no quieran verlo, fomentar inversiones no ocurre de forma espontánea. Necesita reglas claras, respeto a los derechos adquiridos y un escenario de estabilidad que genere confianza. Sin ello, el capital se va a donde sea mejor apreciado.
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Esto es tanto así que en minería incluso existe un ránking que mide qué tan atractiva es una jurisdicción para invertir en ella. Se trata del índice de competitividad minera del Instituto Fraser que cada año recoge la opinión de inversionistas y especialistas del sector a nivel global.
Lo triste del ránking es que demuestra que el Perú tiene varios años descuidando su relación con el sector minero. Si en el 2018 el país se encontraba en la posición 14 entre las jurisdicciones más atractivas para invertir, en la edición del 2020, publicada la semana pasada, hemos retrocedido al puesto 34. Peor aún, se trata del segundo año consecutivo que caemos 10 posiciones en el índice.
Además, lo que antes nos ponía entre los líderes globales, hoy es una cifra que se pierde casi a la mitad de la tabla. Al evaluar qué tan buenas son las prácticas para desarrollar el potencial de los minerales, el Perú pasó de la octava posición en el 2018 al puesto 30 en el 2020.
No es que el cobre o el oro sean menos apreciados aquí que en otras partes del mundo, pero factores como la dificultad para lograr acuerdos con las comunidades, lo desactualizada que está la base de datos geológica y la pobre estabilidad política han afectado su potencial. Además, el universo de nuevos proyectos realmente viables parece reducirse cada año.
El problema se agrava al ver las propuestas de los principales candidatos a la presidencia. Entre los que lideran la intención de voto, George Forsyth quiere obligar a las empresas mineras a reinvertir no menos de la mitad de sus utilidades en las mismas regiones donde operen. Yonhy Lescano busca que los recursos extractivos sigan siendo de propiedad del Estado incluso después de ser minados. Además, ya adelantó que proyectos como Tía María no saldrán en un eventual gobierno suyo. Por su parte, sin dar mayor detalle en su plan de gobierno, Verónika Mendoza quiere cambiar la legislación para que la minería genere “beneficios económicos para el país” (como si no lo hiciera actualmente).
Nada de esto debería ser tomado a la ligera. Nos guste o no, la minería es hoy la principal actividad económica del país, tiene una participación de cerca del 10% en el PBI y comprende el 60% de nuestras exportaciones. En un contexto de crisis y con el precio de los metales tocando máximos en casi una década, lo anterior se vuelve todavía más relevante.
Al final del día, ver cómo caemos en el índice de Fraser es como ese meme que circula en Internet y que completa la frase “mientras tú me ignoras…”. En este caso, mientras el Estado y los políticos descuidan al sector minero, hay otro país dispuesto a recibir esa inversión.
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