El ministro de Energía y Minas (Minem), Francisco Ísmodes, señaló que el Gobierno mantiene su expectativa de que este año Southern Copper, del Grupo México, pueda retomar las obras en las instalaciones de la mina de cobre Tía María, paralizada desde 2015 ante una serie de protestas sociales que dejaron cuatro muertos, entre ellos un policía, y más de 300 heridos.
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que Tía María es uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo.
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Ísmodes advirtió que el Gobierno puede dar próximamente la licencia para retomar las obras pero que estas no se ejecuten hasta que no exista mayor consenso por parte de la población local, mayormente ubicada en el valle agrícola del Tambo, en la provincia de Islay, que se encuentra en la región de Arequipa.
“Es un proyecto importante para el Perú, pero para ser viable tiene que realizarse con las mejores condiciones, y eso incluye el aspecto social. La misma empresa está comprometida en esa línea”, afirmó Ísmodes.
“Sabemos que los proyectos no pueden ser impuestos, que nunca ha habido buenos resultados en la imposición de los proyectos. No se busca unanimidad, pero sí mayor consenso, un mayor soporte social para llevar adelante el proyecto”, agregó.
El ministro reconoció que “lo más probable es que haya un conflicto” si no se consigue un mayor apoyo social e indicó que le consta que la empresa está trabajando en ese sentido y quiere esperar a tener más apoyo antes de reanudar la construcción de las instalaciones y plantas.
También confirmó que el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto caduca a finales de agosto y que habría que tramitar uno nuevo si el permiso del Gobierno no se da antes de esa fecha, pero aseguró que no mira todavía ese escenario porque “el proceso está avanzando”.
Ísmodes declinó revelar detalles del proceso administrativo que lleva con Southern porque “es secreto”, aunque señaló que la compañía ha enviado la información requerida para subsanar las observaciones que las autoridades habían encontrado.
“Ahí el Gobierno también tiene un rol de estar muy presente, donde tiene vela para que la empresa cumpla sus compromisos. Es una iniciativa siempre transversal para garantizar que cualquier proyecto cumpla con las obligaciones legales y estándares ambientales a nivel internacional”, apuntó.
El ministro también destacó el compromiso que Southern tiene en el Perú, valorado en unos US$8.000 millones en inversiones al proyectar la construcción de una fundición en la ciudad de Ilo, además de las concesiones para explotar las minas Tía María, Michiquillay y Los Chancas.
En su reporte de resultados del tercer trimestre del 2018, Southern informó que está trabajando en conjunto con el Ejecutivo peruano para obtener su autorización para poner en marcha este proyecto, cuyo presupuesto es de US$1.400 millones.
Una vez que comience la explotación de la mina, la empresa prevé extraer 120.000 toneladas de cobre anuales, durante un aproximado de veinte años.
La mina requerirá unos 3.600 puestos de trabajo durante la construcción de las plantas de tratamiento del los minerales y 600 empleos directos en su fase de operación y otros 4.200 indirectos.
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