Los cuatros organismos reguladores, como Ositran, Sunass, Osiptel y Osinergmin, se pronunciaron para volver a cuestionar la iniciativa del Poder Ejecutivo, planteada al amparo del pedido de facultades legislativas, de fusionar en un regulador multisectorial a las mencionadas entidades.
Este martes, tras su presentación en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, consideró que la propuesta para fusionar los organismos reguladores no vulnera su autonomía, ya que lo que se busca es fortalecer su capacidad regulatoria.
A través de un comunicado, los cuatro organismos reguladores afirmaron que el Gobierno ha lanzado su propuesta sin que haya presentado un estudio que la sustente.
“La propuesta de fusionar a los organismos reguladores nace de una contradictoria solicitud del Poder Ejecutivo, que inicialmente propone una delegación de facultades para crear mecanismos de coordinación entre los organismos reguladores y, finalmente, ha terminado proponiendo la unión de los mismos, sin que se haya presentado y difundido el estudio correspondiente que sustente dicha propuesta”, explicaron.
Además, enfatizaron que desempeñan “labores con un alto nivel de especialización en sectores económicos muy disímiles, tales como: infraestructura de transporte, servicios de saneamiento, de telecomunicaciones, energía y minería”, por lo que consideraron que dicha iniciativa, de concretarse, puede ocasionar “serios perjuicios para la economía”.
“Una eventual fusión, sin mayor análisis, en un solo gran organismo regulador puede ocasionar serios perjuicios para la economía nacional originada en la falta de especialización y una señal negativa para los inversionistas, más aún en un momento en el que el país necesita, como nunca, predictibilidad jurídica y económica, ambos aspectos de suma importancia observados por los agentes económicos antes de realizar una inversión en el país”, precisaron.
También advirtieron que existe la posibilidad de que, con una eventual fusión, las resoluciones de los organismos regulatorios tengan “influencia política” y se establezcan “tarifas arbitrarias”.
“La fusión implicaría el riesgo de que las decisiones regulatorias pierdan su especialización técnica, por ser más propensa a una alta influencia política. Esto podría conllevar a escenarios como el establecimiento de tarifas arbitrarias, con lo cual no solo se afecta el bienestar de los consumidores, sino también los incentivos para seguir operando o invirtiendo en el cierre de brechas con servicios de calidad”, manifestaron en su pronunciamiento conjunto.
Osiptel, Sunass, Ositran y Osinergmin afirmaron que trabajan para convertirse en “organismos reguladores de clase mundial”, para lo cual se han sometido a evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “contribuyendo así a los esfuerzos del Perú para lograr su adhesión a este organismo internacional”.
“La OCDE, en varios documentos y presentaciones, así como en la propia evaluación que ha hecho a cada uno de los reguladores, ha destacado el importante rol que tienen estas entidades en el desarrollo económico de nuestro país, resaltando los beneficios de su especialidad técnica. Por lo que no es cierto que la OCDE haya emitido alguna recomendación para el Perú que implique la unificación”, explicaron.
“El Tribunal Constitucional del Perú también se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la importante labor que realizan los organismos reguladores, destacando su papel en el suministro del marco regulador necesario para promover nuevas inversiones, el ingreso de nuevos operadores y mayores niveles de bienestar para los usuarios de los servicios públicos bajo su supervisión”, añadieron.
Recordaron que, a lo largo de los años, no es la primera vez que el Poder Ejecutivo propone la unificación de los organismos reguladores, pero aseguraron que siempre, “luego de un acucioso análisis, se determinó que dicha decisión no era adecuada para los fines que persigue el Estado”.
Por ello, insistieron en que deben mantener su autonomía y su carácter técnico especializado, ya que resultan una garantía para “evitar interferencia política o de grupos de interés”, pues sus políticas buscan un equilibrio en el mercado y del bien común.
“Creemos que una medida con efectos económicos tan importantes para nuestro país debe ser resultado de un debate técnico y análisis público que la respalde, en ese sentido llama la atención que no se haya requerido la opinión previa de los organismos reguladores que cuentan con más de 30 años de especialización en los temas de su competencia”, explicaron
“Los cuatro organismos reguladores creemos que siempre habrá espacios para la implementación de mejoras y el fortalecimiento institucional en los organismos del Estado, pero es importante que estas entidades mantengan autonomía, independencia y especialidad, a fin de garantizar que sus acciones y decisiones no estén sujetas a presiones de distintos actores con intereses particulares e injerencias políticas”, finalizaron.
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