La campaña electoral de este año vuelve a poner sobre el tapete la real capacidad de fiscalización financiera que pueden hacer los organismos estatales a los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República.Follow @PortafolioECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Si bien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE tienen un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS para revisar la información de los postulantes, esta unidad solo puede recopilar datos referidos a la existencia de deudas crediticias y alimentarias y morosidad, así como denuncias o procesos pendientes en la fiscalía.
Es decir, la información referida al patrimonio real, ingresos reales así como movimientos y operaciones bancarias de los candidatos a la presidencia -datos relevantes para los votantes- quedan fuera de la revisión debido al limitante legal, explica la UIF, pues es información protegida por el secreto bancario.
Hace algunos años, recuerda el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, se le consultó si era posible saber si un postulante, que declaraba administrar determinado patrimonio, tenía cuentas bancarias. “Para sorpresa de suya, nuestra respuesta fue que no podíamos saberlo porque no teníamos acceso al secreto bancario”, indica.
Y es que para que la UIF pueda investigar a los candidatos presidenciales -o cualquier persona o entidad- necesita que se haya elevado un reporte de operación sospechosa (ROS) por algún ente con obligación a hacerlo (como los bancos, notarias o casas de cambio, por ejemplo) o que, de forma voluntaria, las personas decidan levantar su secreto bancario.
Así, solo en caso de que se halle reportes de operaciones sospechosas o algún proceso en manos de la fiscalía, la UIF puede alertar a los organismos electorales, pero no directamente, pues por ley solo puede compartir información con la fiscalía o las comisiones fiscalizadoras del Congreso. Sin este reporte, no pueden incidir en los movimientos de los candidatos.
“No podemos ver cómo [un candidato] ha movido su plata. Sobre eso, que es lo más importante, hay una limitación seria, que impide dar una respuesta al organismo electoral y que la ciudadanía espera”, dice.
La limitante se extiende también al secreto tributario. “¿Cómo se sabe el nivel de ingresos de una persona? Con la información de los impuestos que paga. Si no se tiene eso, hay que trabajar 'con olfato', con indicios, pero a veces, resulta poco productivo”, anota.
EN EL SUEÑO DE LOS JUSTOS
Si bien desde que la UIF fue absorbida por la SBS en el 2007 ha visto mayores inversiones en herramientas tecnológicas, capacitación de personal e infraestructura así como le crecimiento en hasta cuatro veces su base de datos, la limitante legal es su traba más fuerte.
Desde el 2009, la UIF ha planteado al Congreso un mayor acceso a información bancaria. “Estamos en la tercera o cuarta generación de proyectos para levantar el secreto bancario. [...] La última versión se quedó en la Comisión de Economía, que acordó pasarlo a [la Comisión de] Constitución y ahí se quedó. También tratamos que entre a través de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, pero tampoco se aceptó la iniciativa”, precisa Espinosa.
Sin embargo, el alto funcionario de la UIF señaló que tanto para la OCDE como la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) es una exigencia internacional el que se permita el acceso al secreto bancario.
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