(Por Luis Alegría y Franco Balza). Uno de los problemas de los sistemas previsionales en el Perú es que las pensiones que reciben los jubilados son bajas. Actualmente, la pensión para los jubilados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) asciende a unos S/1.042 al mes; esto representa el 39% del salario promedio de un trabajador formal en el país. En tanto, las pensiones del sistema público tienen un límite superior e inferior de S/857,36 y S/415, respectivamente.
Desde el Congreso se abre la posibilidad de que esto pueda cambiar. Este Diario pudo conocer que la Comisión de Economía pondría en su agenda del próximo mes el debate de un proyecto de ley para establecer una pensión mínima universal equivalente a una remuneración mínima vital (RMV), que actualmente asciende a S/930.
Este proyecto, presentado por el congresista Yonhy Lescano en agosto del 2016, sería de aplicación tanto en el sistema público como en el privado. Esta norma no solo alcanzaría a los nuevos jubilados, sino también a aquellos que ya se jubilaron, cuya pensión sea inferior a la RMV. La iniciativa se justifica alegando que las pensiones son muy bajas para el costo de vida en el país.
PAGANDO LOS PLATOS
Para financiar el costo extra que implicaría un proyecto de este tipo, el parlamentario detalla en la exposición de motivos que, en el caso del sistema público, los recursos deberían salir de las cuentas públicas.
“La iniciativa está suficientemente financiada y no genera una carga adicional al fisco”, apunta el proyecto. Sin embargo, hace unas semanas el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, estimó que una norma de este tipo generaría un costo extra de más de S/2.000 millones anuales (alrededor de 0,25% del PBI, o 55% más que el gasto actual en pago de pensiones). En ese sentido, el Congreso está generando una iniciativa de gasto, lo que excede sus competencias.
Este Diario también trató de comunicarse con la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pero esta declinó hacer comentarios.
En el caso del sistema privado, el proyecto afirma que el financiamiento debiera salir de las AFP, que “tienen la suficiente fortaleza financiera y sobreganancias acumuladas de más de 15 años”. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, consideró que, para aplicar la norma, el financiamiento saldría de los bolsillos de los afiliados.
“Tendrías que tener un componente de solidaridad dentro de los aportes de los trabajadores a la AFP, y de ese fondo común, tal vez financiar esta remuneración mínima”, dijo a El Comercio.
Para la economista, el esquema de ‘matching contribution’ –como planteaba la Comisión de Protección Social– sería una mejor idea para atacar la raíz del problema de las bajas pensiones, que es el bajo monto que las personas ahorran para su jubilación durante su vida laboral.
AGENDA PENDIENTE
El proyecto de Lescano no es el único que está en cola para ser discutido en la Comisión de Economía de Congreso. Hay otros seis sobre el sistema de pensiones y, de ellos, dos (presentados este año por Justiniano Apaza e Indira Huilca) buscan establecer pensiones mínimas equivalentes a una RMV en el sistema público.
Sin embargo, todas las iniciativas que proponen este tipo de reformas carecen de un análisis costo-beneficio cuantitativo.