Contar con un aparato estatal que brinde servicios de calidad a sus ciudadanos de forma sostenible, depende de cinco factores clave: recursos financieros, servicio civil, organización, rendición de cuentas y un marco institucional que blinde su funcionamiento frente a los intereses egoístas de los gobernantes de turno. De acuerdo con el World Governance Indicator del Banco Mundial, la eficiencia del aparato estatal en el Perú se mantiene desde mediados de los noventa por debajo del promedio latinoamericano y es un 80% menor del de Chile, quien lidera el ranking en la región.
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Esta baja calidad del sector público peruano tiene luego su correlato en la baja satisfacción de los peruanos con sus servicios. En efecto, el Perú muestra un nivel de satisfacción de 28% respecto a los servicios estatales de salud, educación e infraestructura, según Gallup, lo cual dista enormemente de Chile y Singapur, que ocupan los primeros puestos con niveles de satisfacción de 48% y 93% en promedio. La confianza de la población en sus principales autoridades también es bajísima de acuerdo con Ipsos que muestra para el 2020 que, de un total de 28 países, el Perú se posiciona entre los últimos, registrando 6% de confianza en sus políticos, 10% en los funcionarios públicos, y 8% en los ministros.
Si bien, el Perú es un país de reducida capacidad recaudatoria, esta situación no explica necesariamente el deterioro de la eficiencia del sector público. En efecto, las cifras muestran que se ha dedicado importantes recursos al funcionamiento estatal. La planilla del Estado en la última década ha crecido en casi 170%, al mismo tiempo que la cantidad de trabajadores estatales se incrementó en 25%. Si tenemos en cuenta además que el Banco Interamericano de Desarrollo encuentra que las ineficiencias del gasto en el Perú ascienden a 2,5% del PBI y que la Contraloría General de la República encuentra que el Perú pierde cerca del 3% del PBI por actos de corrupción e inconductas, concluimos que más presupuesto no traerá mejoras si es que no se aborda los determinantes clave de la eficiencia del sector público.
Dentro de la multidimensionalidad de variables que impactan en la eficiencia del sector público, contar con un servicio civil de calidad es central. Lo anterior implica desarrollar un marco competitivo que permita atraer a los mejore al Estado mediante un proceso meritocrático. Atraer a los mejores requiere la combinación de salarios competitivos y una línea de carrera atractiva. Contar con funcionarios de primera tiene varias implicancias que trascienden el propio funcionamiento del Estado y la mejora en la calidad de sus servicios. La literatura muestra con contundencia como un servicio civil de alto nivel coadyuva a mayor crecimiento económico, menores tasas de pobreza, desincentivo a la corrupción y mayor confianza en el gobierno.
En el 2013 se aprobó la Ley del Servicio Civil en el Perú, la cual se concibió como un mecanismo para establecer un régimen laboral único en el sector público que garantice el ingreso de personal calificado. Esta ley, que puede ser considerado como el esfuerzo orgánico más importante para mejorar la calidad del funcionario público en los últimos tiempos, ha avanzado de forma lenta, enfrentando tanto las resistencias internas del propio sector público como falta de liderazgo y priorización de los diferentes gobiernos. Así, este parsimonioso andar del proceso terminó encontrándose en el camino con la inestabilidad política y la angurria populista del Congreso durante el período 2020-2021 que aprobó varias leyes que han ido reduciendo fuerza a este marco meritocrático.
Ahora, lo que se observa con el gobierno del presidente Castillo sólo puede ser considerado como “llover sobre mojado”. En estos primeros siete meses, su administración ha dado una clara muestra de desprecio a la construcción de meritocracia al aparato estatal y, a través de ello, traslada su desdén al pueblo que dice querer servir. De acuerdo con un análisis de El Comercio del 27 de enero de este año, 20,0% de las designaciones con cuestionamientos durante el actual gobierno no cumplían con el perfil; y, el 68,3% tenía cuestionamientos morales y/o penales. Asimismo, durante los cinco primeros meses del actual gobierno, se observa una mayor rotación mensual de directores generales. Así, mientras en el anterior gobierno se mostraban 0,8 cambios de directores generales al mes, lo cual ya era alto, hoy este promedio asciende a 2,3 cambios. Una cifra de mayor contundencia es la que se registra a nivel ministerial donde, a escasos siete meses, el gobierno ha tenido un ministro cada cuatro días.
En este escenario donde el gobierno ha mostrado claramente sus garras anti-meritocracia, ha sido importante la Ley 31419 que buscar incorporar requisitos para altos funcionarios del Estado, aunque se requiere profundizar más. También es importante valorar proyectos de Ley como el de la Defensoría del Pueblo que busca prohibir la designación de ministros y viceministros cuando tengan sentencias por la comisión de delitos dolosos, y otras especificaciones para ministerios clave. Pero esto no es suficiente.
Desde el Consejo Privado de Competitividad, se ha venido planteando diferentes áreas acción para poner en marcha una agenda que mejora la eficiencia del Estado a través del desarrollo de la meritocracia en el Estado. Así, vemos necesario avanzar en la incorporación de requisitos mínimos para los puestos de ministros y viceministros de Estado; impedir nombramientos y ascensos automáticos y reforzar con urgencia la calidad del servidor público en áreas clave como el sector salud y aquellos que refuercen la competitividad del país. Un gobierno que realmente tenga el compromiso de mejorar las condiciones de sus ciudadanos debe elevar la calidad de sus servidores públicos. Lo contrario, es darle la espalda al pueblo.
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