Ante la posibilidad de que el debate de reforma de pensiones en el Perú se realice a fines de marzo en el Congreso, y que se incluya en el mismo un nuevo retiro de fondos de AFP de hasta 4 UIT (S/20.600), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, envió un informe al Legislativo con una opinión en contra de un nuevo retiro de aportes previsionales.
El documento, al que accedió El Comercio, expone los argumentos por los que el MEF considera que un nuevo retiro de fondos de las AFP no sería favorable para la economía nacional ni para los propios afiliados.
A través del oficio N° 483-2024-EF-10.01, con fecha 11 de marzo, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, remitió al presidente de la comisión de Economía del Parlamento, César Revilla, la opinión técnica del sector sobre este discutido tema, a través del informe N° 0042-2024-EF/65.03.
Esto, luego de que el referido legislador solicitara al MEF su opinión sobre el proyecto de ley N° 6566, que faculta a los afiliados de los fondos privados de pensiones al retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/20.600).
Lo que dice el informe
El informe N° 0042-2024-EF/65.03., de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado, considera que el retiro de fondos de AFP, contemplados en el proyecto de ley 6566, es una medida que deteriora la cobertura previsional a nivel global, “ya que deja a más personas sin recursos suficientes para su vejez”.
“De esta manera, lo dispuesto por la propuesta normativa implica que la composición de los portafolios de inversión administrados por las AFP sea más líquida con el propósito de prever el posible retiro del saldo disponible en las CIC de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, lo que termina conllevando forzadamente a los gestores a invertir en títulos de inversión con horizontes de corto plazo que no calzan con los objetivos de un portafolio de pensión que es de largo plazo, por lo que las consecuencias serían: insuficiente competencia, escasa diferenciación de carteras y potencial riesgo de obtener como resultado un portafolio que no sea óptimo, lo que impactaría -directamente- en el monto acumulado para otorgar pensión a los afiliados”, agrega.
Por esa razón, alerta que la composición más líquida de los portafolios de inversión “afectará negativamente la rentabilidad de este, puesto que los activos más líquidos tienen menor riesgo y menor rentabilidad que otro tipo de inversiones”.
Adicionalmente, señala que la medida propuesta en el proyecto de ley 6566 tiene un efecto negativo sobre el afiliado, “ya que reduce su pensión futura cuando llegue la edad de jubilación, afectando uno de los objetivos de la seguridad social, el cual es asegurar al afiliado un pago periódico de una pensión y en función a su monto acumulado para la etapa de su vejez”.
Finalmente, el MEF enumeró los cuatro fundamentos en los que basa su opinión desfavorable ante un posible nuevo retiro de aportes a las AFP.
- “El PL 6566 contraviene lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú e implicaría el incumplimiento de los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por el Perú”.
- ”El retiro de fondos del SPP implicaría que la composición de los portafolios de inversión administrados por las AFP sea más líquida con el propósito de prever el posible retiro del saldo disponible en las CIC de los afiliados, generándose mayores pérdidas en la rentabilidad de los afiliados, además de perjuicios para el Estado Peruano al elevarse los costos de financiamiento de la deuda pública”.
- “La aplicación de lo establecido en el PL 6566, generaría que alrededor de 6 millones de afiliados al SPP retiren fondos de su CIC, lo que implicaría una salida potencial de recursos de alrededor de S/ 29.5 mil millones” en favor de 6 millones de afiliados.
- “En relación con las recomendaciones de la OCDE, el Proyecto de Ley N° 6566/2023-CR no recoge lo señalado por dicha organización, por lo que podría resultar contraproducente para el país en su proceso de adhesión a la OCDE”.
El documento lleva la firma digital de Andrés Abel Zacarías Camac, director de la Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado.
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