Tres son las propuestas que, hasta la fecha, buscan llegar al Pleno del Congreso y que plantean una reforma del sistema previsional peruano. Éstas pertenecen a la comisión de Economía del Legislativo, la comisión multipartidaria del Ejecutivo y a la comisión de Trabajo -también del Legislativo-. Esta última, presidida por la congresista Sigrid Bazán, es la que cuenta con un dictamen aprobado hasta la fecha.
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No obstante, se trata de una comisión que no tiene la prioridad sobre la discusión. Así lo reconoció su titular en conferencia de prensa brindada esta mañana. “Nosotros no somos primera comisión en varios proyectos de ley. Somos segunda comisión. Ello implica que la comisión de Economía deberá hacer su trabajo en aprobar pronto su dictamen -o no-, pero dar pase a que este tema llegue al Pleno”, dijo la parlamentaria.
Y si bien se mostró a favor del diálogo, reconoció que lograr un texto en conjunto sería poco probable dada las diferencias en los planteamientos. Frente a ello, Bazán dijo esperar a que -llegadas las iniciativas en el Pleno- se recurra al voto para ver qué texto se aprueba.
“Nosotros tenemos un dictamen en la comisión de Trabajo. Lamentamos la demora de la comisión de Economía y del Ejecutivo de tramitar sus propuestas y con ello llevar todas al pleno del Congreso. (...) Lo ideal sería hacer un texto en conjunto. Sin embargo, entendemos que hay diferencias sustanciales que no lo permitirían y tendríamos que ir al voto para ver qué texto finalmente es el que se aprueba”
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La propuesta
El dictamen de la comisión de Trabajo plantea la creación del Sistema Integral Universal de Pensiones (SIUP), el mismo que considera tres pilares: no contributivo universal, contributivo y complementario.
El pilar no contributivo universal otorga una pensión básica universal a toda persona mayor de 65 años y se financia con el presupuesto de las pensiones sociales tales como Pensión 65 y el programa “Contigo”. Con ello, el Estado administra y financia este primer pilar.
El pilar contributivo se divide en dos subpilares: para dependientes e independientes. En el caso de los dependientes, el aporte es de 9% mientras que el empleador aporta 2% y el Estado un 1%. Progresivamente, el aporte del empleador subiría a 4%. En tanto, para los independientes, su aporte es del 5% y el Estado el mismo porcentaje. El esquema considera ingresos hasta el valor de 5 RMV. Este pilar es administrado por el Estado.
En tanto, el pilar complementario está habilitado para aquellos que contribuyan más de 5 RMV y el aportante tendrá potestad de escoger si contribuye a una gestora de fondos privados o pública. Son dichos aportes los que van a una cuenta individual de capitalización.
Adicionalmente, se busca otorgarle funciones de fiscalización a instituciones públicas para la gestión del sistema previsional. Es así que, según detalló la congresista, la Sunat estaría encargada de la supervisión de la recaudación. La Sunafil encargada de la supervisión de las prestaciones y la SBS tendría una supervisión financiera.
Consultada sobre si estas instituciones tendrían capacidad para sostener tales funciones además de las que hoy ya tienen asignadas, Bazán consideró que sí las tienen y que se deberá fortalecerlas en el largo plazo. “Sentimos que sí hay la capacidad institucional, pero sin duda la supervisión en todas las cosas debe mejorarse y eso irá de forma progresiva y paulatina. No buscamos tener al Estado perfecto, sino perfeccionarlo”, aseveró.
Sobre la votación
La votación que aprobó el dictamen de Trabajo fue cuestionada por los propios parlamentarios asistentes a la sesión. Como se recuerda, la votación buscó determinar posiciones sobre un dictamen en mayoría y otro en minoría que tenían el mismo número de votos. El de minoría fue aprobado.
Al ser consultada sobre el dictamen que pasará al Pleno y si sería presentado como “mayoría” o “minoría”, Bazán dijo: “Habían dos dictámenes. Se realizó una votación y el dictamen que ha ganado esa votación es el que queda. Solo hay un dictamen ahora”.
Aseveró que el presentar un dictamen en minoría tras haberse rechazado el original forma parte de las facultades de los congresistas. Rechazó que exista una firma duplicada, salvo el de la congresista Lucinda Vela, quien también firma como secretaria de la comisión.