Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), mostró su desazón por la decisión del Poder Ejecutivo de allanarse ante lo aprobado por el Congreso y promulgar la derogatoria de una parte del decreto legislativo que establecía acciones para luchar contra la criminalidad asociada a la minería ilegal.
El titular de la SNMPE cuestionó que el Gobierno no haya observado la norma del Parlamento y diera marcha atrás en una iniciativa que había impulsado meses atrás.
“Nos causa desazón y mucha incertidumbre que el Poder Ejecutivo se haya allanado a la decisión errada del Congreso de la República, que la semana pasada decidió derogar parcialmente el DL 1607, que contemplaba medidas para combatir el crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país”, indicó Gobitz.
“Esperábamos un análisis más exhaustivo sobre la pertinencia de dicha medida que condujera a una señal clara de lucha contra la criminalidad. Sin embargo, el Ejecutivo procedió, sin reparo alguno, a dar marcha atrás sobre una norma que ellos impulsaron meses atrás y consideraban necesaria para combatir el crimen organizado, promulgando la Ley N°31989 en edición extraordinaria del Diario El Peruano la noche del último miércoles”, agregó.
Gobitz remarcó que los mineros ilegales no tienen la intención de formalizarse y usan el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) como “blindaje” para desarrollar sus actividades ilegales.
“Reiteramos que debe haber una diferenciación entre los mineros que realmente quieren formalizarse con aquellos que incurren en minería ilegal, que actualmente utiliza la inscripción al REINFO como blindaje para llevar a cabo sus actividades ilegales, sin que haya detrás ninguna intención de formalizarse”, expresó.
“Esto es precisamente lo que buscaba cambiar la disposición complementaria derogada. Hoy el país necesita de medidas firmes para combatir al crimen organizado y la minería ilegal que agobian a la sociedad peruana”, añadió.
El caso
El pasado 13 de marzo, con 78 votos a favor en primera y segunda votación, el pleno del Congreso aprobó la derogación de la primera disposición complementaria final del decreto legislativo 1607 del Ejecutivo, que establecía acciones para luchar contra la criminalidad asociada a la minería ilegal.
La disposición derogada permitía a la Policía Nacional ejecutar acciones frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras desarrolladas por personas con inscripción suspendida en el REINFO.
La disposición también daba un plazo de 90 días a todos los mineros informales para acreditar el permiso del titular de la concesión minera.
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