Por María Rosa Villalobos y Luis Fernando AlegríaDesde su nombramiento como jefe de la Sunat en setiembre del 2016, Víctor Shiguiyama ha tenido como una de sus principales metas hacer del ente recaudador una institución más amigable frente a los usuarios. Sin embargo, actualmente libra batallas legales –contra firmas como Scotiabank, Telefónica, Savia, Pluspetrol o IBM– en distintos frentes, como el Tribunal Fiscal (TF) y el Poder Judicial (PJ).
El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, informó ante el Congreso que actualmente la Sunat enfrenta 54 casos en litigio, en los que se juegan unos S/8.000 millones, según sus propias proyecciones. Si ganara todos los casos, el fisco recibiría un equivalente a 1,1% del PBI. Sorprende, que 88% de dicho monto se concentra en solo 11 expedientes.
Aunque el MEF se refiere a la cifra mencionada como “deudas tributarias”, Sandro Fuentes, socio del estudio Rodrigo, Elías y Medrano, aclara que no es dinero que se le debe a la Sunat. “Es un error decir que es una deuda. En la mayoría de los casos, se trata de una pretensión de la Sunat; y por eso las empresas no provisionan este dinero en sus balances”, explica.
En esa línea, las proyecciones no reflejarían la verdadera expectativa de cobro para el Estado. El tributarista Jorge Picón, socio de Picón y Asociados, explica que el 15% del monto corresponde a impuestos en litigio, mientras que el 85% restante responde a intereses moratorios generados por demoras de parte de la Sunat y el TF en resolver los casos en los plazos máximos legales.
Este problema llevó a que, en el 2013 se decrete, por ley, que los intereses se desconozcan cuando son causados por estas demoras. Al final, Picón prevé que, de la cifra brindada por el MEF, solo entre S/800 millones y 1.000 millones serían, en el mejor de los casos, cobrables por la Sunat.
“Los casos no están de la mano con el tipo de documentaciones que se han presentado. Estas empresas, llevadas a litigio por conceptos absurdos, tienen la posibilidad de irse a arbitrajes internacionales. Los argumentos y pruebas de Sunat, en todos los casos, son desde discutibles hasta ridículos”, dice.
Para conocer más detalles, este Diario se comunicó con la Sunat, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
CASOSEn las últimas semanas saltaron dos casos que pusieron este tema bajo el foco público. Se conoció que la Corte Suprema declaró infundado un recurso de casación, presentado por el banco Scotiabank. En fallos previos el PJ y el TF resolvieron el pago de S/48 millones a favor de la Sunat por operaciones no reales de compra y venta de oro del Banco Wiese, en la década de los 90.
Dada la fecha en que se habrían dado estas transacciones, la Sunat reclama un total de S/482 millones, incluyendo los 48 millones y los intereses acumulados por 14 años.
El monto final está en disputa en un proceso paralelo en el Tribunal Constitucional (TC), pues Scotiabank cuestionó los plazos y la capitalización de intereses considerados por la Sunat para el cómputo, durante los años en que las instancias del Poder Judicial y el Tribunal Fiscal demoraron en decidir sus posiciones finales.
Un banquero de inversión extranjero, que prefirió el anonimato, advirtió que casos como este revelan “el drama” de la seguridad jurídica en el Perú. “¿Cómo explican que una deuda de S/48 millones se convierte en S/480 millones? De darse el fallo, este tipo de capitalización de intereses se repetiría en el resto de casos”, sostuvo. Esto –alertó– sería una muy mala señal para la inversión foránea en el país.
El segundo proceso que hizo eco recientemente es un juicio con Telefónica porque la Sunat exige pagos por el servicio de capacidad satelital, a pesar de que informes de la propia Sunat, así como del MTC, han argumentado que estos contratos no estaban sujetos a retención del Impuesto a la Renta. De hecho, en este caso, es la procuraduría de Sunat la que ha judicializado un fallo en su contra dado por el Tribunal Fiscal.
“En el caso de Telefónica, la Sunat y el Tribunal Fiscal están de acuerdo en que no hay impuesto. Sin embargo, la procuraduría de la Sunat termina yendo al Poder Judicial. No estamos en un problema tributario, estamos en un problema de indefensión. Es el Estado contra el Estado”, explica Sandro Fuentes, socio tributarista del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
LA OTRA SUNATPara Fuentes, el procurador José Antenor Escalante juega su propio partido. De hecho, asegura que se debería derogar la facultad de la Sunat para cuestionar los fallos del Tribunal Fiscal. “No existe un solo país en el mundo donde la administración tributaria esté facultada para judicializar los fallos de su superior administrativo”, asegura el abogado.
De hecho, indica que, siendo la Sunat un ente autónomo, no debería contar con un procurador, figura ausente en organismos similares como el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros.
“La Sunat debería tener el cuerpo jurídico de abogados como cualquier entidad autónoma”, explica Fuentes.
Para José Díaz Ísmodes, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, la lectura es distinta. El procurador en la Sunat –considera– se encuentra plenamente justificado, debido a la controversia que se suscita por la capacidad sancionadora de la entidad.
PROVISIONESLos 54 casos que la Sunat enfrenta no se encuentran en las mismas instancias ni en las mismas condiciones. Por ejemplo, en el caso de Scotiabank, el banco ya ha pagado la suma reclamada por el ente recaudador, bajo protesto, y lo que busca es su devolución. En otros procesos, sí se activaría una cobranza en caso de que la Sunat ganase los juicios.
“No hay fideicomisos ni se ha guardado ese dinero ni por parte de la Sunat ni por parte de las empresas. Si la Sunat pierde, tiene que devolver el dinero de inmediato y con intereses”, explica Fuentes.
Díaz advierte que las devoluciones, dado el contexto actual, demorarían en darse y generarían deuda no programada para el fisco.
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