El desastre ambiental ocasionado por el derrame de 11.900 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, a mediados de enero, ha originado la reacción tardía del Congreso de la República a través de un proyecto de ley (P.L. 1695) que busca proteger los ecosistemas marino-costeros frente a los riesgos que implica la actividad petrolera.
La norma, presentada por las bancadas de Alianza por el Progreso (APP) y el Partido Morado, propone una moratoria indefinida para las nuevas operaciones de exploración, explotación, transporte por ductos, refinación y almacenamiento de petróleo en el ‘dominio marítimo’.
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Ello, hasta que no se lleve a cabo una “valorización económica de los servicios ambientales de los ecosistemas costeros”, la cual estará a cargo del Ministerio del Ambiente (Minam), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Instituto Nacional de Estadística a Informática (INEI).
El objetivo de dicha valorización será “determinar el daño ambiental o potencial de las actividades de hidrocarburos”, se lee en el documento.
Y se complementará con la elaboración de una estrategia de transición energética cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para “aumentar la participación de los recursos energéticos renovables no convencionales en la matriz energética a un 30% al 2040″.
“Lo sucedido (el derrame en Ventanilla) deja en evidencia que a pesar de contar con un marco normativo que incluyen protocolos y planes de contingencia ante accidentes o imprevistos, contar con dichos instrumentos no es suficiente para prevenir daños ambientales graves en caso de derrames”, señala el documento.
OPINIONES DEL MINEM Y LA SNMPE
Consultado al respecto por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que el proyecto colisiona con sus competencias exclusivas para aprobar y regular las actividades energéticas, “reconocidas por la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.
Pero no sólo eso. Indicó que las actividades de hidrocarburos ya cuentan con una regulación específica destinada a cautelar la seguridad de las operaciones, instalaciones y medio ambiente.
“Por lo tanto, el Minem no otorga opinión favorable a este proyecto de ley”, señaló Miguel Ángel Cermeño, asesor de la Dirección General de Hidrocarburos del Minem.
En esa misma línea se pronunció la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Graciela Arrieta, gerente del sector hidrocarburos de la SNMPE, enfatizó que la industria petrolera es una actividad ampliamente regulada en materia ambiental, social y de seguridad, por entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y otras.
Además de por las comunidades insertas en el área de influencia directa de las operaciones de hidrocarburos.
“Por tanto, al ser un proyecto de ley ya regulado en las normas vigentes correspondería su archivo”, dijo.
Añadió que la norma desalentará el ingreso de nuevos operadores e inversiones, en un contexto en el cual la mayor parte de países incentivan la exploración en los dominios marinos.
“Esto dificultará la sustitución de importaciones de hidrocarburos y la eficiencia energética”, puntualizó Arrieta.
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