Los planes de gobierno contienen los lineamientos de política que, en teoría, guiarán el accionar de un candidato presidencial en caso de ser elegido, así como las metas que se esperaría alcanzar en el 2026. A pesar de que no siempre se implementan, son un instrumento importante para que los electores tomen una decisión informada. Sin embargo, en la práctica, algunos de los planes contienen objetivos poco realistas o inviables, que no toman en cuenta las restricciones presupuestarias que enfrenta el país tras la pandemia.
El papel lo aguanta todo
En el sector salud, por ejemplo, Victoria Nacional ha propuesto comprar 13.120 camas hospitalarias nuevas para todo el territorio nacional. Si bien ello contribuiría a fortalecer la atención médica, la medida costaría S/ 12 mil millones, más de la mitad del presupuesto total del sector salud en el 2021. Asimismo, Fuerza Popular planteó la creación de 80 nuevos hospitales durante su gobierno para satisfacer los requerimientos del sector. Se estima que dicha medida demandaría más de S/ 20 mil millones, el doble de todo lo invertido por el Estado en infraestructura de salud en los últimos cinco años, lo cual pone en cuestión su viabilidad.
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En el caso de educación también se han identificado propuestas que no podrían financiarse en un plazo de cinco años. Por ejemplo, el Frente Amplio ha propuesto incrementar en 30% la cobertura de educación básica alternativa, básica especial y técnico-productiva. Utilizando el gasto promedio por estudiante, se estima que la medida demandaría S/ 1,1 mil millones e implicaría que el presupuesto asignado a esos tres niveles educativos se incremente en 45% al 2026.
Por su parte, Podemos Perú planteó la creación de 300 InfoEscuelas, una nueva modalidad de educación semipresencial, con un costo estimado de S/ 5,4 mil millones, 35% más que lo ejecutado en infraestructura educativa en el 2020. Asimismo, Fuerza Popular ofreció recientemente la construcción de 3.000 colegios adicionales al 2026, cuya inversión- tomando como referencia lo realizado para el despliegue de las Escuelas del Bicentenario del Minedu- demandaría recursos adicionales por S/ 8.365 millones, lo cual representa cerca del 25% del presupuesto asignado para el sector educación en el 2021.
En particular, resultan poco oportunas e imprudentes las medidas que buscan incrementar el gasto anclándolo a un porcentaje del PBI. Acción Popular, por ejemplo, ha propuesto incrementar el presupuesto del sector educación a 10% del PBI en el 2026, desde el 4% del PBI en el que se encuentra actualmente. De lograrse progresivamente en cinco años, alcanzar dicha meta demandaría un gasto adicional de S/ 176 mil millones en tal período, cifra equivalente a todo el monto ejecutado en el sector educación -de por sí en el que más se gasta- en los últimos siete años. Asimismo, en salud, Fuerza Popular planteó incrementar el presupuesto del sector a 7% del PBI desde el 3% actual.
Riesgos para la estabilidad fiscal
Estas iniciativas de gasto público podrían poner en riesgo la estabilidad fiscal del país, sobre todo en un contexto en el que, según el Consejo Fiscal, la pandemia “ha significado el uso de todo el espacio fiscal disponible previo a la crisis”. Algunos partidos argumentan que el mayor gasto podría compensarse con mayores ingresos —por ejemplo, provenientes de mayores impuestos como lo propuesto por Juntos por el Perú y Avanza País—, pero es no es claro que su recaudación tenga éxito. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que, si bien los ingresos del Estado se recuperarían hacia el 2024 (21,6% del PBI), estos serían inferiores a los observados entre el 2011 y el 2014 (22,2% en promedio).
De acuerdo con Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, a los candidatos se les debe pedir que presenten una propuesta fiscal coherente con la reducción de ingresos fiscales que ha registrado el país a raíz de la pandemia. Además, señala que estos planteamientos deben venir acompañados de una ruta y un compromiso de consolidación fiscal que permita mitigar los riesgos de una posible reducción en la calificación crediticia de la deuda soberana.
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