El 29 de agosto pasado, Raúl Huamán, congresista de Fuerza Popular, presentó el proyecto de ley busca establecer como derecho para la trabajadora gestante el gozar de un permiso laboral de hasta cuatro horas al mes para asistir a controles de embarazo. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
El documento plantea que este permiso se use para “acudir a los controles propios del embarazo, consultas médicas y rutinas relacionadas”. Asimismo, indica que estas horas se considerarán laboradas “para todos los efectos legales”, es decir, serán pagadas por el empleador.
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Para acceder al beneficio la trabajadora deberá comunicar con 48 horas de antelación a su empresa contratante y el permiso no podrá ser negado bajo ningún motivo.
Asimismo, el proyecto incluye una prolongación del permiso -sin delimitar un plazo máximo del mismo- si el doctor que trata a la trabajadora gestante considera que deben realizarse controles adicionales.
“Si el médico tratante lo considera conveniente o recomienda que la embarazada participe en exámenes médicos o controles adicionales, el número de horas definidas en esta ley podrá ampliarse. Para este efecto, se deberá presentar al empleador correspondiente un certificado médico o constancia elaborada por el médico tratante en el cual se describa tales condiciones, pero sin indicar la patología o enfermedad por la cual es necesaria dicha evaluación adicional”, señala la iniciativa.
Reacciones
Para Lidia Vílchez, socia del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, es correcto que se otorgue un permiso para realizar controles de embarazo en tanto en la realidad, las trabajadoras que tienen seguro público no pueden programar citas para sus tratamientos fuera de su horario laboral. Sin embargo, resaltó que no debió incluirse una extensión sin límites de este permiso, pues eleva los costos para el empleador cuando estos deberían ser cubiertos por el seguro.
“El problema del proyecto no está en las cuatro horas, sino en que se abra una extensión del permiso sin claridad. Lo que debería pasar es que luego del permiso, si se necesitan nuevos controles, se deba remitir un descanso médico general. Al tener una redacción tan abierta, el médico puede determinar que la trabajadora descanse al día siguiente y eso debería ser subsidiado por la seguridad social”, explicó.
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Por su parte, Eric Castro, abogado laboralista del estudio Miranda & Amado, señaló que el artículo que exige que no se pueda negar el permiso bajo ningún motivo rompe el equilibrio entre el trabajador y la empresa.
“Si yo tengo un control médico, tengo la alternativa de solicitar un día de vacaciones o conversar con el empleador para asistir a consultas. El proyecto indica que no se puede negar el permiso bajo ningún motivo o circunstancia, entonces pierde la razonabilidad, el equilibrio entre el trabajador y la empresa al plantear una exigencia tan rígida”, afirmó.
En tanto, Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, coincidió en que la iniciativa no es razonable y que hay empresas en las que no se podría practicar.
“La decisión debería quedar en la autonomía privada, en las políticas de empresa. No es lo mismo un trabajo en la mina que en un banco, no es lo mismo trabajar en el día o en la noche. Entonces este tipo de iniciativas tan rígidas no son razonables, porque hay casos de empresas donde no sería practicable”, remarcó.
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Los especialistas coincidieron en que el mercado laboral ya tiene desincentivos para la contratación de mujeres en edad fértil por los descansos postnatales que se tienen que cumplir. Según Vílchez, la ley en sí misma no desincentiva aún más las contrataciones, salvo por el artículo que incluye la ampliación obligatoria y sin plazo definido del permiso.
“La realidad es que las mujeres en edad fértil son tratadas como una contingencia al momento de contratar. Muchas empresas creen que si la postulante está casada es mejor no contratarla. Este proyecto no desdibuja esta realidad”, concluyó.
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