Tras la revisión de las hojas de vida que presentaron los más de tres mil candidatos al Congreso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en las Elecciones 2020, El Comercio detectó que 234 de ellos registraron que fueron sentenciados en procesos penales y civiles.
Los partidos que más candidatos con antecedentes llevan en sus listas son Unión por el Perú, Somos Perú y Podemos Perú. En el caso de Antauro Humala (número 1 de UPP en Lima), quien cumple una condena de 19 años por cinco delitos, el pleno del JNE rechazó la apelación de su partido y lo dejó fuera de carrera.
Enrique Wong, candidato y secretario general de Podemos, indicó que solo hay impedimento de postular si el candidato tiene sentencia en ejecución, lo que, según dijo, no ha pasado en su organización.
Fernando Ballón, asesor legal de Vamos Perú, explicó que la presencia de candidatos con antecedentes en sus listas se debe a que “en la Ventanilla Única [herramienta del JNE] no aparecen sentencias, y muchas veces [estos] ocultan sus denuncias”.
El Partido Morado informó, a través de un comunicado, que solicitó a sus candidatos Jonás Angulo (Pasco) y Jimmy Isidro (Áncash) la renuncia a sus postulaciones por registrar procesos por violencia familiar. Sin embargo, este último sigue inscrito en la contienda, según el portal del JNE.
Respecto a los demás casos, el partido de Julio Guzmán indicó que se trata de “procesos ya concluidos”. “Los candidatos han cumplido o vienen cumpliendo irrestrictamente sus obligaciones alimentarias”, señalaron en el documento.
Otro candidato morado, Franco Montalván (Huancavelica), registra –al igual que Ricardo Soberón (Juntos por el Perú, Lima)– una sentencia con terminación anticipada. En esta figura, el imputado obtiene un beneficio de reducción de pena siempre y cuando reconozca y acepte su responsabilidad penal.
También se registran casos como el de Javier Atkins, exgobernador de Piura (2011-2014), quien postula como cabeza de lista de Perú Patria Segura en la misma región. En su hoja de vida, consigna una sentencia suspendida por negociación incompatible dictada en setiembre pasado, la cual señala que está “en cumplimiento”.
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