Tanto Pedro Castillo (Perú Libre), como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), han condenado el reciente ataque de una columna del Militarizado Partido Comunista del Perú, formado por remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico, que el último domingo dejó 16 muertos —entre ellos 4 menores de edad— en inmediaciones de centro poblado San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, región Junín. Se trata de una zona perteneciente al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) dominada desde la década del 80 por el narcoterrorismo. Para combatir este flagelo, ¿qué plantean los candidatos presidenciales de ambos partidos?
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Perú Libre
En el plan de gobierno que Castillo presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) están ausentes políticas y propuestas para lograr una adecuada presencia del Estado y enfrentar las problemáticas del Vraem, mientras que las menciones al terrorismo y el narcotráfico son mínimas.
En cuanto al Vraem, solo se le menciona como parte de un diagnóstico y un planteamiento para eliminar órganos ministeriales paralelos a los gobiernos regionales. “El Ministerio de Agricultura tiene el mayor número de órganos paralelos […] Además, manejan diez programas especiales, entre ellos, respecto a Junín, Sierra Centro Sur y Desarrollo del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. No es que se pretenda desarmar al Ministerio de Agricultura […] En un país descentralizado estos programas no debieran estar a cargo de ministerio, sino de la Dirección Regional de Agricultura de cada gobierno regional”, señala el plan de gobierno de Perú Libre.
En cuanto al narcotráfico, lo incluye como uno de los puntos de la política medio ambiental, pero no hay un apartado especial sobre dicho tema. “La lucha contra esta amenaza mundial debe ser más contundente, puesto que convierte los terrenos fértiles en eriazos, contamina las tierras y el agua, deforesta la selva construyendo aeropuertos, helipuertos, carreteras, etc., sin fines sociales, liquida la flora y la fauna silvestre, contamina los aires, eleva el costo de vida y trae sicariato”, indica el documento.
También hay una mención como parte de una propuesta para empadronar a agricultores de hoja coca: “Hasta ahora no existe la voluntad política del gobierno central para empadronar a los agricultores de hoja de coca, lo que conlleva a incrementar la informalidad, el narcotráfico y la sospecha que todo productor está involucrado en este delito”.
Respecto del terrorismo, en el capítulo sobre derechos humanos, refiere: “Nuestro partido condena todo acto impune de violación a los derechos humanos, individual o colectivo, cuyos autores deben ser procesados y condenados, y está dispuesto a reparar de manera definitiva y por única vez a todas las víctimas del terrorismo en el marco de la reconciliación nacional”.
Asimismo, menciona brevemente al terrorismo y narcotráfico como amenazas para implementar un programa contra el analfabetismo en la sierra y amazonía, así como para desarrollar vías de comunicación terrestres. Empero, en el capítulo sobre soberanía, se plantea que el Perú debe “poner fin” a la presencia de bases militares norteamericanas que “se identifican como misiones de cooperación militar” e incluyen “negociaciones en nombre de la lucha contra el narcotráfico”. En un documento difundido por el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre sobre los primeros cien días del eventual gobierno de Castillo se menciona: “Expulsión de USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] del Perú. No más bases militares de EE.UU. en el Perú”.
Para el exministro del Interior, Rubén Vargas, Perú Libre comete una “omisión imperdonable” al no incluir propuestas para el Vraem. Refirió también que el plan del partido tiene una “lectura ideologizada” de la lucha antidrogas, pues es un problema de criminalidad organizada transnacional y se necesita de cooperación internacional.
Tras calificar dicho planteamiento como peligroso para los intereses del país y la democracia, sostuvo: “Ellos están planteando la expulsión o el retiro, por ejemplo, de la DEA y de USAID del Perú. Eso es una lectura absolutamente ideologizada de la lucha contra las drogas. Estamos hablando de criminalidad organizada. Y la interpretación de la criminalidad organizada tiene que hacerse en base al Código Penal y la investigación fiscal, no a partir de una lectura ideológica”.
El Comercio intentó comunicarse con Avelino Guillén, quien en el debate técnico representó a Perú Libre en el bloque de Seguridad ciudadana y orden interno, para conocer detalles de los planteamientos del partido para el Vraem y la lucha contra el narcoterrorismo, pero no obtuvo respuesta. Cabe recordar que en marzo, el candidato Pedro Castillo realizó un mitin en Pichari (Cusco), en donde expresó: “Necesitamos hacer un cambio estructural en el país, empezando por el Vraem. Porque el Vraem no puede estar secuestrado, no puede estar más de 40 años en estado de emergencia”.
También prometió una carretera asfaltada hacia el Vraem y la construcción de un hospital de enfermedades tropicales. “Somos ronderos y chacchamos esta hoja sagrada, la hoja de coca. Vamos a declararla patrimonio cultural del pueblo peruano […] Con nosotros, la hoja de coca, esta hoja bendita, nunca más será cocaína. Si no, será alimento y medicina para todos los peruanos”, añadió.
Aquel día, también se reunió con agricultores cocaleros. En el encuentro participó Guillermo Bermejo, virtual congresista por Lima y procesado por presunta afiliación terrorista. Este mencionó el planteamiento de una ley de hoja de coca, donde se reconozca a este cultivo como patrimonio cultural y se le use de manera benéfica para la industrialización.
Vargas recordó que la industrialización de la coca está permitida y está a cargo de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) en base a un marco legal nacional e internacional, mientras que también está vigente un padrón de cultivos de coca que es necesario actualizar. Pero advirtió que el asunto “no pasa por legalizar toda la hoja de coca que tenemos en el Perú a sabiendas que el 90% termina convertido en cocaína”.
Fuerza Popular
En el plan de gobierno de Keiko Fujimori hay menciones al Vraem como parte de uno de los tres puntos de una propuesta frente al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, incluido en el eje sobre orden público y seguridad ciudadana:
“Para erradicar en el Vraem hay que acabar con los remanentes terroristas de Sendero Luminoso de los Quispe Palomino. La manera más eficaz de hacerlo es usando la estrategia exitosa aplicada en el Alto Huallaga entre 2006 y 2012 que acabó con la banda terrorista de ‘Artemio’, y en el 2012 y 2013 en el Vraem donde se logró abatir a varios cabecillas terroristas: inteligencia y golpes de mano”.
Asimismo, propone erradicar la coca ilegal y aplicar programas de desarrollo alternativo, “que es el método que ha resultado eficaz para eliminar, en ciertas zonas, la coca ilegal”. También considera decisiva la lucha contra la corrupción de autoridades, a la que considera “la principal arma del narcotráfico y de organizaciones criminales en el Perú”.
En cuanto al terrorismo y narcotráfico, se incluye los términos como parte de diagnósticos en distintos acápites de plan. Por ejemplo, al recordar que el gobierno de su padre Alberto Fujimori recurrió a programas sociales “como una manera de atacar la pobreza como ‘caldo’ de cultivo del terrorismo”. Luego, no hay un apartado mayor con propuestas para contrarrestar ambos males.
Al respecto, el miembro del equipo técnico de Fuerza Popular y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, señaló que en el plan de gobierno se incluyen las ideas centrales y condensadas. Reiteró que en seis meses, como lo dijo en el debate técnico del último domingo, se prevé exterminar a los terroristas del Vraem.
Para ello, aseguró a El Comercio, no se requiere demasiado personal, pues lo más importante es la cooperación entre distintos sectores y, sobre todo, decisión política del Gobierno. “El asunto no es movilizar miles de soldados, gran cantidad de personas, porque eso no funciona. Es ubicarlos, acabar con ellos o capturarlos. Eso es lo que se hizo en el Alto Huallaga”, manifestó.
Con ello, Rospigliosi indicó que vendría una política de desarrollo alternativo, que implique sustitución de cultivos ilegales por otros legales con asistencia técnica del Estado, pero con una intervención estatal en infraestructura a través de carreteras, hospitales, postas médicas, colegios y otros.
“Tu liquidas o detienes a un número pequeño de cabecillas y terminas con eso. Después viene el problema del narcotráfico, porque los programas de lucha contra el narcotráfico no se pueden aplicar por la presencia de los terroristas”, añadió. “Con ello acabaríamos con el terrorismo en el Vraem”, sentenció también.
A juicio de Rubén Vargas, también experto en temas de narcotráfico y expresidente ejecutivo de Devida, FP tiene una “lectura absolutamente equivocada”, pues en el Alto Huallaga se ejecutó una estrategia integral de lucha contra el terrorismo y, de forma paralela, la implementación de programas de desarrollo alternativo e inversión pública en la construcción de, por ejemplo, en infraestructura vial.
“¿Primero enfrentemos al terrorismo y después al narcotráfico? No señor, eso ya se hizo en el Alto Huallaga en los 90 y fue un absoluto fracaso. Esa década estuvimos absolutamente cerca de convertirnos en un narcoestado […]”La gran lección que nos señala el Alto Huallaga es precisamente trabajar en una estrategia integral conjunta: los componentes de seguridad, desarrollo y social, con una decisión política clara”, advirtió.
DATOS
— El Vraem está conformado por 69 distritos que se ubican en cinco departamentos: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín.
— Según el decreto supremo del 2018 que aprobó el plan multisectorial denominado Estrategia Vraem 2021, se estima que el 71,85% de la población de dicho territorio tiene como idioma una lengua indígena u originaria.
— Los resultados del Censo 2017 dieron cuenta de que la población total del Vraem es de 467.010 personas, siendo el 50,5% hombres y el 49,5% mujeres.