La implementación de los límites de velocidad en los ámbitos urbano e interurbano, a fin de proteger a los usuarios más vulnerables en las vías, que impulsa la actual gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es uno de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial al 2030, con la que se busca reducir las muertes y accidentes por siniestros de tránsito en un 50%.
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Según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC, la segunda causa de los siniestros viales en los últimos cinco años (2018-2022) es el exceso de velocidad, después de la imprudencia del conductor. En ese periodo se registraron 126 721 siniestros de tránsito. En los dos últimos años, 1728 personas fallecieron por accidentes causados por el exceso de velocidad.
Ante este grave panorama, el MTC ha encaminado acciones para proteger la vida de la ciudadanía como la actualización de los límites de velocidad, intervención en los puntos críticos de siniestralidad con medidas de pacificación de tráficos y la realización de controles en vía, enfocados a identificar vehículos que excedan la velocidad permitida.
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Las instituciones que lideran este objetivo son el MTC y la Policía Nacional en coordinación con las municipalidades y el sector privado, así como las empresas de transporte de personas.
Las principales causas para que en el país no se cuente con una óptima gestión de velocidades son las inadecuadas velocidades de circulación acorde con la infraestructura vial, y las insuficientes prácticas de gestión pública para pacificar el tránsito en las vías.
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La infraestructura vial nacional cuenta con elementos de diseño que permiten un nivel de seguridad en el tránsito; sin embargo, las vías departamentales y provinciales carecen de parámetros que permitan una velocidad apropiada para la protección de la vida de los usuarios más vulnerables. Eso se busca corregir.
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