Distritos en estado de emergencia se desangran: nueve personas fueron asesinadas en menos de una semana en SJL y SMP

El ruido de seis disparos rompió el silencio del parque Los Periodistas, en San Juan de Lurigancho (SJL), la noche del viernes 20. Dos de las tres víctimas eran serenos municipales: Jairo Urbina, de 29 años, y Yuri Lapa, de 25. El tercero era un ciudadano que los acompañaba, identificado como Richard Ríos, de 29. Los tres se encontraban en el interior de un mototaxi al momento del ataque. Los vecinos, al percatarse de los hechos, los movilizaron a un hospital cercano. Dos de ellos llegaron cadáveres, mientras que otro falleció en la sala de operaciones.

“Habían terminado su turno y estaban haciendo su vida nocturna como cualquier joven. Eran tranquilos, trabajadores. Su labor consistía en vigilar las zonas de Zárate, Campoy, Mangomarca y La Huayrona. Las amenazas son constantes por nuestro trabajo, estamos expuestos. Pero lo ocurrido nos hace más fuertes”, sostuvo Juan Carlos Rodríguez, gerente de Seguridad Ciudadana de SJL.

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La situación de la inseguridad en Lima ya no da para más: en menos de una semana, han asesinado a nueve personas en los distritos declarados en emergencia hace un mes: seis en SJL y tres en San Martín de Porres. Un día antes del crimen contra los dos serenos, el teniente gobernador de SJL, Tommy Saravia Atuncar, fue ultimado por unos sicarios mientras supervisaba una obra.

El mismo día del asesinato del teniente gobernador, durante la noche, un conductor de una mototaxi fue acribillado en el paradero 3 de la Av. Huáscar de SJL. A pesar de los intentos de los vecinos por mantenerlo con vida, el hombre murió por la gravedad de sus heridas. El día 17 de octubre, también en SJL, un joven fue ultimado cuando se encontraba en el cruce de la Av. Ampliación con Pampa Alta.

El 15 de octubre, un cadete miembro del Ejército del Perú, identificado como Santiago Enrique Medina Casimiro (18), fue acribillado en el distrito de SMP mientras bebía con sus amigos en un parque. Tres días después, en el mismo distrito, dos ciudadanos venezolanos fueron asesinados con varios disparos en la urbanización Paraíso Florida.

Las cifras demuestran que las declaratorias de Estado de Emergencia no han tenido resultados. El Comercio verificó que desde el 2 de febrero del 2022 hasta el 20 de diciembre de ese mismo año, Lima Metropolitana y el Callao permanecieron bajo constantes prórrogas de la medida y en lugar de que los niveles de victimización disminuyeran, aumentaron.

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Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Victimización en el Perú 2015-2022, el 26,2% de la población de 15 años de edad a más en Lima Metropolitana y Callao había sido víctima de algún hecho delictivo durante el 2022.

Eso demostró un incremento de 4,3 puntos en comparación del año anterior, donde se registró que las víctimas representaban el 21,9% de la población

La misma fuente señaló que durante el 2022, en Lima Metropolitana se registraron 165.818 denuncias por comisión de delitos. En 2021 fueron 130.160. También demostrando un aumento del 21.5%.

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Este año, de enero a marzo se sumaron 45.303 denuncias por diversos delitos en la misma jurisdicción. Presentando un incremento del 8.5% a diferencia del primer trimestre del año pasado, aproximadamente. De la cifra, 35.155 corresponden a delitos contra el patrimonio.

San Juan de Lurigancho fue el distrito con mayor incidencia, seguido por el Cercado de Lima y San Martín de Porres. El segundo de ellos, al igual que Lince, también se encuentra con un estado de emergencia activo desde el pasado 10 de octubre del 2023.

En la actualidad, no se sabe con exactitud cómo van las cifras de casos de sicariato, extorsiones y robos en los distritos con la medida mencionada.

El Comercio intentó coordinar una entrevista con el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, para obtener detalles de cómo va el desarrollo del estado de emergencia y los resultados, pero fueron canceladas hasta en dos ocasiones. Por el momento, son los crímenes sangrientos los únicos efectos visibles de la medida.

Para el especialista en seguridad ciudadana, Frank Casas, el estado de emergencia es una acción reiterativa del gobierno frente al desconocimiento de cómo funcionan los distintos problemas asociados a los delitos. “Tenemos más de 20 años de estado de emergencia en el VRAEM -permanentemente- y eso no ha significado menos narcotráfico”, dijo.

También señaló que se necesitan datos actualizados sobre los resultados de las acciones de las fuerzas del orden. “Necesitamos exigir esa relación entre la medida de lo que haces y cómo impacta. Para ello requerimos información”, concluyó.

El exministro del Interior, Rubén Vargas, agregó que en entre los años 2015 y 2016 también se aplicaron los estados se excepción en el Callao por una crisis de inseguridad ciudadana similar a la que enfrenta SJL.

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Sin embargo, destacó que luego del cambio de gobierno de Ollanta Humala, se creó la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, logrando realizar hasta cuatro mega operativos mensuales que facilitaron el control de la criminalidad organizada el Callao y en varias regiones del norte del país.

“El estado de emergencia es el recurso demagógico cuando los gobiernos no saben como afrontar el problema. Sucedió con Ollanta Humala en el 2015, con Castillo en el 2022 y está pasando ahora”, señaló.

Vargas resaltó que se necesitan fortalecer las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, mejorar el control dentro de los penales y generar un mayor trabajo articulado entre la PNP y el Ministerio Público.