El 18 de octubre del 2014, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó a 182 presos del otrora penal San Jorge, ubicado en la cuadra 15 de la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima, hacia el penal de Ancón II, a la altura del kilómetro 42 de la Panamericana Norte. A otros 250 reos los llevaron al nuevo penal de Chincha. ¿El objetivo? Pro Inversión ha licitado el penal San Jorge. Esta institución informó ayer a El Comercio que el contrato con el Consorcio Promotor San Jorge, empresa que ganó el concurso,está en la última fase: la aprobación por parte del Consejo Directivo de Pro Inversión. Esta se espera para la próxima semana.
“La única condición que pusimos es que los compradores del predio construyan un penal en las afueras de Lima, que tenga el triple de capacidad que San Jorge, el cual cuenta con aproximadamente 1.200 plazas”, explicó el entonces jefe del INPE José Luis Pérez Guadalupe.
La expansión urbana sin planificación ha ocasionado que los penales que, en un inicio estaban en la periferia de la ciudad, hoy estén en medio de ella. En esa línea, el actual ministro del Interior detalló que el propósito de vender San Jorge es evitar esa ubicación.
OTROS PENALESFuncionarios de Pro Inversión informaron que evalúan, junto a sus pares del Ministerio de Justicia, la estrategia para continuar con la venta de predios de otros establecimientos penitenciarios, como el de Mujeres de Chorrillos, el Anexo de Mujeres de Chorrillos, Lurigancho, Miguel Castro Castro y dos penales del departamento de Cusco.
Según fuentes del INPE, la venta que más rápido quieren que se ejecute es la de Lurigancho. Este es el penal más peligroso y hacinado, que en estos días volvió a hacer noticia a raíz de una antena de telefonía móvil de la empresa Claro. Esta se ubica en el cuarto piso de una casa, frente a la cárcel.
El alcalde del distrito, Juan Navarro, exigió que se sancione a los responsables y multe a la empresa operadora de telefonía móvil. Asimismo, dijo que dispondrán el retiro de la antena.
Sin embargo, la empresa Claro, a través de un comunicado, informó a este Diario que la antena está registrada oficialmente según los procedimientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de Osiptel. “En reiteradas oportunidades hemos presentado formalmente, ante el municipio de San Juan de Lurigancho, los documentos necesarios para la regularización de las autorizaciones municipales”, se lee en el comunicado.
RT @sociedad_ECpe: Detectan antena para celular frente al penal de Lurigancho http://t.co/WHA8A8Vg2X pic.twitter.com/1q323QLNJt— El Comercio (@elcomercio) junio 20, 2015
El año pasado el Congreso aprobó una ley para desburocratizar la tramitología y promover la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Bajo esta norma, la aprobación municipal debe ser automática si se cumplen los parámetros mínimos establecidos por el MTC y otros ministerios.
“Las operadoras no podemos discriminar a las personas que viven en los alrededores del penal y dejarlas sin servicio”, se establece en el comunicado de Claro.
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