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El futuro de la casona destruida por el incendio de la plaza Dos de Mayo del jueves 16 de octubre todavía es incierto. Los bomberos siguen sofocando los últimos vestigios del siniestro, mientras que el personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima espera poder entrar para determinar qué tan devastado quedó el inmueble.
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“Los bomberos y Seguridad del Estado nos dirán en qué momento podemos entrar para hacer la evaluación de daños a ver si las familias pueden entrar a sacar sus cosas o no (...) También tiene que entrar criminalística”, detalló Rina Roy, sub gerente de Defensa Civil en declaraciones a América noticias.
La funcionaria detalló que todavía no se conoce la causa del incendio y que ellos tenían información sobre el estado del primer piso del inmueble, ya que ahí funcionaban locales como cantinas, bares y tiendas.
“Para locales comerciales, Defensa Civil da certificados, no para viviendas. En setiembre del 2013 dimos la última certificación para locales, pero es revocable. En su momento, los comerciantes presentaron sus expedientes pero solo del primer piso”, comentó.
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CALLES CERRADAS
Desde ayer y por un tiempo todavía no determinado, la policía ha cerrado el tránsito de norte a sur de Alfonso Ugarte hacia la plaza Dos de Mayo, así como el acceso de la calle Miguel Zamora.
Alrededor de las 10 a.m. se abrió parcialmente el tránsito por la plaza. De los cuatro carriles, solo funcionan dos.
MULTAS
La Municipalidad de Lima informó que la Gerencia de Fiscalización y Control había sancionado, con multas de hasta S/.7.600, a casi una treintena de comerciantes infractores en el local siniestrado ubicado entre la avenida Alfonso Ugarte y la calle Miguel Zamora.
“La mayoría de estos locales eran usados como viviendas, pero a la vez comerciantes infractores los usaban como almacenes de sus mercaderías que vendían en los alrededor de la plaza Dos de Mayo y Plaza Unión. Por eso se les multó reiteradas veces pero hacían caso omiso a la autoridad edil. Dichos predios no podían ser clausurados porque, en realidad, eran viviendas”, detalló Susel Paredes, gerente de Fiscalización.