Un día después de la muerte de Eyvi Ágreda, el pasado 1 de junio, el presidente Martín Vizcarra dictó cinco medidas con el fin de evitar que más mujeres mueran a manos de feminicidas. Una de las disposiciones del Ejecutivo fue declarar a las comisarías en “alerta permanente” para que puedan “recibir denuncias y aplicar las medidas de protección correspondientes” las 24 horas.
Estas dependencias de la Policía Nacional son de primera reacción frente a situaciones de violencia y otros delitos contra la mujer, como ocurrió en el caso de la terramoza violada en un bus hace una semana. Los agentes de la comisaría de Apolo (La Victoria) capturaron a los presuntos violadores, pero la fiscal Karina Toledo Wong [separada de su cargo el último viernes por el Ministerio Público] los liberó con el argumento de que el delito se había consumado en otra jurisdicción.
Si bien en ese caso el actuar de la policía fue correcto, en otras ocasiones las comisarías han sido blanco de críticas por la mala atención.
Mira la infografía ampliada aquíSegún el Ministerio del Interior, en lo que va del 2018 se han registrado 54 quejas por el mal trato brindado en las dependencias policiales por casos de violencia contra la mujer. La policía ha sancionado este año a 112 agentes que se negaron a tramitar denuncias de todo tipo en el país.
—Problema de fondo—En el 2017 se registraron 60.437 denuncias por violencia hacia la mujer. La cifra, aunque elevada, no refleja la realidad. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la mayoría de mujeres maltratadas por sus parejas o acosadas por desconocidos no asienta la denuncia. Solo 5 de las 43 víctimas de feminicidio entre enero y abril del 2018 habían reportado a la policía las agresiones que sufrían.
Además, en muchas ocasiones, las víctimas de violencia deben soportar malos tratos, preguntas inoportunas de los agentes de las comisarías y negativas a recibir sus denuncias. “Desgraciadamente, hay policías que siguen responsabilizando a la mujer de la agresión”, comenta Liseth Guillén, de la ONG Manuela Ramos.
Otro problema es que las comisarías no se han adecuado del todo a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (30364), vigente desde el 2015. Esta norma y su reglamento señalan las funciones que las comisarías cumplen en la lucha contra la violencia hacia la mujer.
Según un informe del despacho de la congresista Indira Huilca, luego de supervisar 12 comisarías de Lima, estas no garantizan la ejecución de las medidas de protección a las víctimas: no cuentan con un mapa de ubicación. Tampoco tienen un teléfono especial para las víctimas ni patrulleros suficientes para vigilar estos casos. Se concluyó que los agentes no están capacitados y que no todas las comisarías tienen ambientes privados para recibir las denuncias de violencia.
El Mininter ha anunciado que este año capacitará a los más de 20.000 policías que atienden en las 149 comisarías de Lima y Callao, y a los agentes de otras ocho regiones con alta tasa de feminicidios.
Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, consideró que la disposición del Ejecutivo para mejorar la atención en comisarías es un mensaje positivo. “Pero el gran reto es ir de la declaración a la realidad”, añadió.
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