Ley Universitaria: rectores opositores se niegan a dejar cargos

Rectores de universidades como San Marcos, Federico Villarreal, Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, Nacional de Trujillo San Luis Gonzaga de Ica, entre otros opuestos a la Ley Universitaria, aseguraron que se mantendrán en sus cargos pese a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) advirtió que desde el 1 de enero del 2016 no admitirá sus firmas para títulos o grados académicos.

A través de un comunicado, la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), integrada por universidades públicas y privadas, acordó que no cesarán los cargos de sus autoridades este 31 de diciembre, asegurando que se amparan en la Constitución Política del Perú.

“Las autoridades harán respetar el período para el cual fueron elegidos democráticamente y seguirán el proceso de adecuación a la Ley Universitaria”, manifestaron.

Asimismo, calificaron de un “intervencionismo sin precedentes” la decisión de la Sunedu de denunciar a las universidades que no cumplan con el proceso de elección de autoridades. “Estos abusos se han visto en los regímenes más autoritarios del mundo”, enfatizaron en el comunicado.

NOTA DE PRENSA - Universidades del Perú en defensa de su Autonomía no cesarán a sus Autoridades este 31 de Diciembre pic.twitter.com/1HfHbqDpL3— ASUP (@ASUPOficial) diciembre 30, 2015

Esta semana, el procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez Sánchez, adelantó que unas 100 autoridades universitarias serán denunciadas penalmente por usurpar funciones y desobedecer a la autoridad al no cumplir con la elección de elegir a rectores, vicerrectores y decanos.

Las universidades tenían plazo hasta el 31 de diciembre para conformar de un comité electoral, convocar a una asamblea estatutaria, aprobar un nuevo estatuto universitario y realizar un proceso electoral universal para elegir a las nuevas autoridades

De acuerdo al Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu se considera una falta “muy grave”, cuya multa asciende a 300 UIT (S/.1.155.000), no haber adecuado los estatutos de una universidad a la ley.