Así como sucedió por el proceso de empadronamiento de taxistas en noviembre del 2012, las municipalidades de Lima y Callao se ven inmersas nuevamente en un conflicto de autoridad en cuanto al transporte.
Ayer a la medianoche venció el plazo para que los taxistas puedan regularizar su situación y cambiar su modalidad de servicio en el local del Servicio de Taxi Metropolitano (Setame). Si no lo hicieron, perderán su certificación como formales y no podrán volver a tramitarla nunca. Sin embargo, la Municipalidad del Callao informó hoy que los conductores que no puedan realizar el trámite en Lima tienen la opción de hacerlo en el Servicio de Taxi del Callao (Setaca).
Miguel Gonzales Huapaya, director general de Transporte Urbano del Callao, indicó más temprano a El Comercio que su medida se basa en un el acta de acuerdo N° 01-2005, suscrito entre ambas comunas, en donde “se restablece un proceso de ordenamiento del servicio de transporte público de taxis“ y se determina que “debe respetarse el certificado de operaciones de ambas comunas”.
PODRÁN CIRCULAR EN LIMAPor su parte, en declaraciones a RPP, la gerente de Transporte Urbano de Lima, María Jara, aseguró que el acta al que se refiere Gonzales “no es legal” y además “no existen” convenios de gestión común.
Sin embargo, Jara reconoció que los taxistas que no realicen el trámite en Lima y lo hagan en el Callao podrán circular también por la capital. “Pueden ingresar, porque tienen una autorización válida del Callao […] Sí pueden ingresar a Lima”, precisó. Aproximadamente a las 7:30 p.m., ya no había colas en los exteriores del Setame.
Cabe preguntarse entonces para qué se dan medidas de un lado y se ponen plazos, si desde el otro se les ‘sacará la vuelta’. ¿Acaso hay un vacío legal?
NECESIDAD DE AUTORIDAD ÚNICAPara Alfonso Florez Mazzini, gerente general de la Fundación Transitemos, este enfrentamiento entre Lima y Callao es prácticamente ya común por la “ausencia de una autoridad única” en el transporte urbano. En ese punto coincidió con lo señalado por el especialista Luis Quispe Candia, quien en noviembre del 2012 tras otra pugna por el empadronamiento criticó la incapacidad de los municipios.
Pero el problema va más allá y es complejo, está en las normas. Y es que la Ley orgánica de municipalidades y la Constitución les dan autonomía a las municipalidades. Aunque “más parece un enfrentamiento político que técnico”, apuntó Florez en diálogo con El Comercio esta noche.
“Hay intereses distintos. Parece que los intereses del Callao son más económicos y están del lado del empresario del transporte que en beneficio del a ciudad, mientras que la propuesta de la ciudad de Lima es más pensada en el bien común”, sostuvo.
A su juicio, ante la incapacidad de ambas municipalidades para ponerse de acuerdo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debería de tomar cartas en el asunto. “Acá cabría la posibilidad de crear una dirección general de transporte urbano. Y como es un ente supranacional, ninguna municipalidad podría dictaminar reglas por debajo de la norma nacional”, refirió.
Justamente hoy se tocó el tema en una reunión entre expertos del transporte y miembros de la Comisión de Transportes del Congreso. Ahí, cuenta Florez, el presidente de Pro Transporte, Gustavo Guerra García, aceptó que es necesaria la autoridad única.
“Se planteó y él dijo ‘sí, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros hemos propuesto al Callao un modelo de autoridad única y nunca recibimos una respuesta positiva al respecto’”, narró Alfonso Florez.
DATOLa ley general de tránsito y transporte terrestre N° 27181, promulgada en 1999, que dice lo siguiente en su artículo 17, inciso 2: “Cuando dos ciudades o áreas urbanas pertenecientes a provincias contiguas conforman un área urbana continua que requiere una gestión conjunta del transporte y tránsito terrestre, las municipalidades correspondientes deben establecer un régimen de gestión común. De no establecerse dicho régimen, cualquiera de las municipalidades puede solicitar una solución arbitral”.
Asimismo, la norma señala que si ninguna de las municipalidades solicita arbitraje o no se somete al procedimiento, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el que tiene que establecer el régimen de gestión común. En noviembre del 2012, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial del MTC, Enrique Medri, dijo que el Congreso sería el que tendría que plantear un proyecto de ley y su sector solo podría apoyarlo.
Mientras tanto, las pugnas continúan e incluso podrían presentarse en otras jurisdicciones del país, advierte el presidente de Transitemos. Y los usuarios seguimos esperando un transporte de calidad.
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